La institución por parte de las Naciones Unidas del 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer recuerda el asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó República Dominicana a sangre y fuego desde 1930 hasta su muerte. A casi sesenta años de este crimen motivado en la militancia política de las hermanas Mirabal, la violencia se sigue abatiendo sobre los más vulnerables. Lejos de cesar o ser erradicada, la violencia de género se proyecta aún sobre el plano simbólico e institucional, tiñendo conductas sociales recurrentes y hasta el mismo lenguaje. Por otra parte, la discriminación en el ámbito laboral y el sexismo en las relaciones sociales ocupan hoy un espacio en el debate público que sugiere una toma de conciencia emergente en la sociedad. No obstante, en nuestro país, las estadísticas sobre femicidios indican que la forma extrema de violencia contra la mujer se mantiene como un flagelo arraigado y en crecimiento. Un reciente informe elaborado por la Matria Latinoamericana (MuMaLá), ratificó que en Argentina asesinan a una mujer cada 30 horas, en tanto que desde el 1 de enero al pasado 20 de noviembre, se cometieron 254 femicidios. Destaca que en el 64% de los casos, el femicida fue la pareja o expareja de la víctima. Solo en un 5% se trató de un desconocido; en un 11% el autor o principal imputado fue otro familiar y en un 13% alguien conocido, de su entorno. El grave cuadro que revelan estas estadísticas debería ser causa de que la violencia contra la mujer ocupe, como problemática social, un mayor y más cualitativo lugar en las políticas de Estado, en los tres niveles. Es cierto que hay avances en términos de legislación, como la norma que amplía la participación de la mujer en las listas electorales. Es preocupante que se hayan recortado sin motivo 2 millones de pesos del Presupuesto 2018 de la Nación destinado a actividades vinculadas a la lucha contra violencia de género; o que en la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal se elimine, como se anuncia, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
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