La conformación de un frente opositor enfrentando la reforma laboral que impulsa el gobierno de Cambiemos, en el que coinciden fuerzas políticas y gremiales de oposición e incluiría a organizaciones de la Iglesia Católica con llegada directa al papa Francisco, se puede ver como la primera señal de reagrupamiento activo tras los comicios del 22 de octubre. El inicio del tratamiento legislativo de la reforma laboral y el apuro por su sanción junto con la previsional ocupan el centro de la escena política, ya sea para la dirigencia que se rige por la brújula de las elecciones de 2019, como para el ciudadano común que soporta “el frío de los gobiernos”, según definió una célebre artista chilena. Los proyectos de flexibilización del mundo del trabajo y el sube y baja en materia previsional -que propone elevar la edad jubilatoria y bajar los montos de los haberes- son sólo una parte del paquete de ajuste, pero el logro de su aprobación en el Congreso sería para el Ejecutivo un triunfo completo. En las negociaciones en las dos Cámaras del Congreso, que incluyen en paralelo el pacto fiscal Nación-Provincias, se juega nada menos que un modelo económico social. La intención de hacer pagar a los perceptores de ingresos fijos, asalariados y jubilados en primer lugar, la fiesta de una redistribución de ingresos socialmente regresiva, argucia típica del neoliberalismo que se suele definir gráficamente como el Estado Hood Robin –que le quita a los pobres para asistir a los ricos- tiene en la sanción de estas leyes un punto de inflexión determinante. No es casual que el Episcopado haya advertido, una semana atrás al definir postura respecto a la reforma laboral, que “toda la sociedad será responsable de que se mantengan los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores”. Ciertamente, propuestas como la de reducir los haberes jubilatorios cuando entre 2015 y 2017 los precios de la canasta de medicamentos que más usan los abuelos subieron un 102%, desafían el concepto mismo de democracia social.
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