La estrategia en la que está empeñado el Gobierno nacional de empujar en el Congreso, en el tramo final del año parlamentario, la aprobación de reformas en el mercado laboral, el sistema previsional y los impuestos; además de en la Procuraduría General de la Nación y la relación Nación-Provincias, no parece adecuada atendiendo a la complejidad de las medidas y a su impacto negativo sobre el nivel de vida de los sectores populares. En la “reparación histórica” a los jubilados, se hace hincapié en definiciones mediáticas y consignas que son poco más que frases hechas, como la repetida mención a la “pobreza cero”, pero en la práctica se actúa en sentido contrario.La diputada nacional Mirta Tundis desnudó esta ambigua estrategia al calificar como “aumento basura” el incremento de 12% que recibirían los jubilados si se aprueba la reforma previsional y afirmar que el Gobierno “disfraza la información negativa como positiva”. El discurso oficial se nutre de una fuerte carga ideológica tras la cual se desdibujan la objetividad de los hechos y la veracidad que requiere un debate público responsable. Un ejemplo de esta estrategia de ocultamiento fue la inclusión de contenidos de la reforma previsional en el pacto fiscal que firmaron el jueves pasado los gobernadores. En un acta de compromiso referida a la administración de recursos fiscales, se arrastró a los mandatarios provinciales a apoyar la modificación de la fórmula por la que se calculan los haberes jubilatorios, y que reemplazará a la Ley de Movilidad actual, presionando un voto favorable de los legisladores nacionales de las provincias cuando se trate en el Congreso. Bajo la excusa de dar “sustentabilidad” a los ingresos jubilatorios atándolos a la inflación, la modificación encubre un recorte de 115 mil millones, solo en 2018, en la masa de haberes jubilatorios y beneficios sociales. Apelando a eufemismos, se pretende presentar como un beneficio lo que es un “manotazo” a los bolsillos de los que menos tienen. La presión sobre los recursos del sistema previsional aparece como derivación de una reforma con una compleja telaraña legal, pero un único objetivo: transferir recursos a los más poderosos.
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