Los adelantos informales respecto al contenido del paquete de reformas que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, y que deberá pasar por el cedazo del tratamiento parlamentario, no son lo suficientemente precisos como para que se pueda evaluar adecuadamente el efecto de conjunto. La lectura del borrador sobre la reforma laboral, empero, permite ver que se apuesta a implementar y profundizar un modelo similar al de la flexibilización que impulsó el expresidente De la Rúa con la polémica “Ley Banelco”. Contra toda la experiencia acumulada, se vuelve a sostener que la precarización del trabajador asalariado, unida a una baja de impuestos y cargas patronales, conducirá mágicamente a la creación de empleo y la multiplicación de la actividad. Notoriamente, salvo nichos especialmente favorecidos, este modelo teórico se muestra tarde o temprano social y hasta económicamente inviable. El miércoles, en tanto, el Ministerio de Energía y Minería anunció la privatización de activos en el sector energético, anticipando que se intensificará la retirada del Estado también en esta área estratégica. Los adelantos de los cambios en la pauta tributaria que se conocen por el momento, van en la misma dirección de profundizar la desigualdad en el reparto de los ingresos y de las oportunidades. Para garantizar estas “reformas de segunda generación” que dejó inconclusas por deserción el ciclo neoliberal iniciado en los 90, dando lugar a una crisis terminal sin precedentes en el país, Macri convocaría en enero a un “verano caliente” en el Congreso. Aparentemente, se confía en lograr una mayoría circunstancial, que no se ganó en la puja electoral, persuadiendo -no está claro en base a qué- a un sector de la oposición a acompañar estas medidas de reimplantación de un modelo de ajuste que, en la práctica, cosechó repetidos fracasos en el país. Como diferenciación respecto al pasado, se pregona un gradualismo, o aplicación escalonada a cinco años, que en los hechos se desmiente todos los días.
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