El gobierno de Mauricio Macri parece estar convencido de que el triunfo obtenido en las elecciones legislativas de medio término, que no le otorgó el control de las dos Cámaras del Congreso, le dio en cambio un cheque en blanco para reformar leyes e instituciones a su antojo. Por ello, mientras en un discurso vacío de contenidos concretos, pero rebosante de retórica, el Presidente convocaba a un diálogo amplio a todos los sectores, al mismo tiempo se permitía rotundas descalificaciones, entre otras a los sindicatos, a los empleados de las universidades públicas y de la Justicia y al propio Congreso. Con la vista fija en las reformas laboral, impositiva y previsional que impulsa, el Ejecutivo no explica con claridad, sin embargo, los contenidos de las promocionadas reformas. Se muestra muy explícito, en cambio, en el esquema de aumentos de servicios públicos que golpean a los hogares de ingresos medios y bajos, la mayoría de la población. Es así que desde la semana pasada subieron las naftas, se autorizaron subas periódicas del transporte público y aumentó la tarifa de la medicina prepaga acumulando un 28% en el año. Se viene además un nuevo “tarifazo” eléctrico que rondaría el 78%, debido a la quita de subsidios. Por lo bajo se aplican, en tanto, medidas como la suspensión intempestiva de los envíos de recursos para la lucha contra el dengue a Misiones, y probablemente también a otros distritos. La Nación falta en este caso no solo a una responsabilidad financiera, sino a un imperativo ético y sanitario fundamental. En este marco de imposiciones, se realizarán en breve las negociaciones con las provincias por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la reforma tributaria. Los representantes provinciales deberán ser capaces de defender sus derechos, sin claudicaciones ni ilusorios acuerdismos, ya que es evidente que desde la Nación se busca reordenar la distribución de recursos coparticipables en base a una óptica de extremo centralismo. La discusión impositiva que se quiere gestar desde Cambiemos no puede abdicar, como se insinúa, de un concepto abarcador que incluya el financiamiento del interior y el respeto a las autonomías provinciales.
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