En una de las últimas sesiones de la Legislatura provincial se generó un debate entre el diputado Héctor Bárbaro del PAyS y la renovadora Noelia Leyría, cuestionando y justificando, respectivamente, el subsidio de 13 millones de pesos que otorgó en 2015 el entonces gobernador Maurice Closs a un conocido club de golf posadeño, dinero que se planeaba destinar a la construcción de un muro que separe el terreno de la tradicional entidad social y deportiva del contiguo barrio El Porvenir. Curiosamente, en un tramo del debate, Bárbaro apeló a las versiones taquigráficas de la sesión de 2015, mostrando que ambos legisladores, en esa ocasión, habían cruzado idénticos argumentos sobre el mismo tema. La repetición, obviamente, tiene que ver con el contexto electoral en ambos casos, en el que según manda el modelo retórico de la política parlamentaria, la oposición gana desempolvando el arsenal crítico y el oficialismo sobrevalorando las obras del gobierno de turno. Los excesos de esta dialéctica en la escena nacional en los últimos años, son notorios como también su relación con una histórica y creciente crisis de representación. Es que si bien, como explicó la diputada oficialista, el cuestionado donativo a un club que tiene entre sus actividades más destacadas la práctica del golf no fue el único sino que se aportó a diversas entidades, el control del destino de los fondos que otorga el Estado es una práctica siempre recomendable. Las donaciones de recursos que son de todos los misioneros a entidades que promueven el deporte tienen una función social indudable. La transparencia en el manejo de dineros públicos, no obstante, es un requisito que no se debería obviar, y se debe validar en cada caso específico más allá del contexto electoral. El discurso sobre la transparencia en la gestión pública, sin embargo, se manipula y se instrumenta hoy políticamente en función de intereses, tanto políticos como económicos. Se desvirtúa así una problemática de profunda significación para la definición de políticas de Estado genuinas y eficientes. Más allá del caso particular, la propuesta de controlar el destino de los fondos que se otorgan para fines sociales es una práctica recomendable.
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