La unanimidad es una exigencia estatutaria que, generalmente, vale recordar que operó a favor de la fijación de precios de la materia prima menores a los que arrojaba la propia grilla del INYM. En un alarde de presunta eficiencia, el organismo se anticipó en un mes de calendario a la entrada en vigencia de los valores anunciados, (6,30 pesos para el kilo de hoja verde y de 23,30 para la canchada) que regirán desde el 1 de octubre próximo. La celeridad con que se tomó la decisión, sin embargo, deja dudas respecto a los intereses políticos y/ económicos que, eventualmente, se beneficiarían.Más que escéptico se mostró, por caso, el dirigente Jorge Botiuk, de la Federación Agraria Argentina. El dirigente calificó de “tristeza” a la decisión del Directorio y observó que “es lo peor que nos podía pasar, con este apresuramiento, cuando la cosecha se está cerrando, pagarán como quieren y se alargarán los plazos”. Botiuk dijo que la diligente actuación del Directorio ratifica que los directores “están trabajando plenamente para los grandes” y lamentó que también lo hagan “los representantes de la producción”. La gran tensión de muchos debates, que se repiten a lo largo de los años, desafortunadamente, nunca tuvo el efecto correctivo que debería suscitar. Sin contar esfuerzos aislados, siguen ausentes los controles eficientes y visibles respecto a contravenciones notorias, no solo en los modos de pago al productor primario, sino en la propia elaboración del producto, en la que el contenido de palo es un dato controversial, entre otros.No hay que ignorar las complejidades propias de las economías regionales, a las que no escapa el sector. Pero con un mercado cautivo y estructuras de apoyo desarrolladas, como el propio INYM, se debería intentar, al menos, una distribución más justa de los beneficios.
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