Señora Directora: Constantemente a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación tratan de desviar la atención sobre las condiciones de la víctima, ignorando a los presuntos victimarios y dejando en manos de quienes se sospecha lo sean, como auxiliares de la Justicia, la investigación para esclarecerlo. Se trate de un hecho aberrante y negador de la condición humana como la desaparición de Santiago Maldonado, Aunque esa actitud que invierte la responsabilidad del crimen –llámese como se llame— me hace acordar cuando desde algunos ámbitos se busca explicar un femicidio denostando a la joven o mujer que murió, en vaya uno a saber qué circunstancias, en manos de un pervertido y depravado criminal.Se invierten las responsabilidades que, para muchos y de manera perversa, sirven para atemperar la responsabilidad y conciencia sociales de quienes indirectamente, con su indiferencia y silencio –o incapacidad de prevenirlo–, se vuelven cómplices del crimen. Y allí, desgraciadamente, siempre está alguna de las estructuras del Estado que desatiende sus obligaciones, pese a haber sido creadas precisamente para evitar o castigar esos hechos.Nada justifica un crimen, fuera por la causa que fuese. Recuerdo a Jorge Luis Borges cuando alguna vez dijo, en referencia a la Junta Militar que había asaltado el Estado a fines de los 70, que bastaba un simple asesinato ordenado desde el poder gobernante para considerarlo como un genocidio.Ante una posibilidad de desaparición forzada, como todas las sospechas lo indicarían en el caso Maldonado, el gobierno de turno debió separar inmediatamente de toda intervención en la investigación a la fuerza de seguridad sospechada y no tratar de encubrirla. Menos aun, deslizar una serie de hipótesis sobre la posible suerte del joven –todas ellas negadas luego por la realidad– o dar a conocer públicamente, como lo hizo, el nombre de alguno de los testigos de identidad reservada, que adquieren esa condición por el riesgo a su propia integridad que significa conocerlos.Por otra parte, se compara el hecho con otras desapariciones ocurridas en las últimas dos décadas. En particular, la del albañil Julio López, ocurrida tras prestar declaración testimonial en uno de los llamados “juicios de la verdad”, que permitió la justa condena a perpetuidad del comisario Miguel Etchecolatz y que tiene algunas similitudes con el caso actual de Maldonado, aunque son diferentes. En ambos las sospechas se centran sobre dos fuerzas uniformadas: la policía bonaerense, en el más antiguo; y la Gendarmería Nacional, en el actual. Pero, presentan circunstancias disímiles. Los primeros habrían actuado de manera inorgánica, al margen de las obligaciones de la fuerza y desde la clandestinidad, conformando lo que alguna vez el ministro de Interior de Raúl Alfonsín, Antonio Tróccoli, definió como “mano de obra desocupada” (y no tan desempleada). Aunque protegidos por un pacto de silencio que todavía no pudo quebrarse, pese a las investigaciones de entonces, dispuestas desde las autoridades políticas y judiciales de aquella época, hace diez años.Los segundos –y sin afirmar esa presunta responsabilidad– actuando como fuerza del Estado, de forma orgánica e institucional, bajo órdenes de las autoridades políticas y judiciales. Con el agravante de la presencia en el lugar de un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación; sea comandando el operativo o habiéndose simplemente detenido al pasar por cercanías del lugar para saludar a los gendarmes. A lo que se suma, a diferencia del caso López, de la cerrada negativa gubernamental a considerar siquiera una presunta participación de los gendarmes en el hecho. Aunque más no fuese para demostrar que no fue así, aventando toda versión o rumor que abona esa posibilidad de actuación criminal.A diferencia de López y Maldonado, que por sus circunstancias sus secuestros tienen fuertes connotaciones políticas, en democracia hubo otras desapariciones en los que algunas de las fuerzas policiales y de seguridad aparecen comprometidas institucionalmente en los aberrantes hechos –sin mencionar, por ejemplo, otros crímenes como aquellos productos del denominado “gatillo fácil”– en muchos de los cuales existe protección política y judicial para sus responsables que, identificados, son sobreseídos por el “acto de servicio” o reciben condenas menores.En los 70 y principio de los 80, Argentina vivió hechos muy aciagos y oscuros, cuyas heridas se mantienen abiertas como para permitir la repetición de estos crímenes tan incalificables. Santiago Maldonado tiene que aparecer, al igual que los muchos otros menos conocidos y que se encuentran en situación similar, de “desaparecidos”; sus responsables directos e indirectos deben ser identificados, juzgados y condenados, e inhabilitados a perpetuidad si fuesen funcionarios de cualquier nivel en el Estado Argentino.
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