Mientras Peña afirmaba en el Congreso que “no hay elementos firmes en la causa por los que se pueda afirmar que se trate de una desaparición forzada”, una de las líneas argumentales que viene manejando el Gobierno desde el primer momento para justificar su pasividad frente a los hechos, Avruj admitía francamente que “es una realidad que Gendarmería está en el ojo de la tormenta”. La realidad es que la demora oficial en aceptar la hipótesis de una responsabilidad de las fuerzas que actuaron en la represión, y el protagonismo que tuvo en esta postura, la ministra Patricia Bullrich. La negativa a admitir el concepto de desaparición forzada, con trágicos antecedentes en la historia reciente de los argentinos, llevó a que se desecharan importantes acciones en la investigación, según denunció este miércoles el especialista en Telecomunicaciones Ariel Garbanz, de la UTN (Universidad Tecnológica nacional), quien se reunió con los investigadores. El especialista señaló que la falta de pruebas en el expediente se debe “a que no se produjeron las pruebas necesarias por lo menos en la punta del ovillo para avanzar en la identificación de la llamada que se recibe al celular de Santiago el día después de su desaparición".Según Garbanz, tanto en causas comunes como en casos resonantes se ha aplicado el rastreo de las señales de celulares para identificar el lugar desde donde se hicieron llamadas clave, pero se debe contar con la ubicación de las antenas de la zona.Garbanz puso en duda la actuación del gobierno nacional, al reclamar públicamente que informe a la Justicia la ubicación de las antenas instaladas en el Sur, y así poder determinar dónde estaba el joven y los gendarmes al momento de la desaparición. Se tendría que explicar porqué se dejó pasar, durante un mes, la oportunidad de aportar pruebas para la aclaración del caso.
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