No solamente el gobernador misionero Hugo Passalacqua, sino un creciente número de mandatarios se había dispuesto, en los días previos a las elecciones primarias, a dar una batalla que consideran central ya que un fallo favorable a la parte demandante lo pagarían las provincias poniendo en jaque sus propias finanzas y afectando el equilibrio fiscal en un elevado número de distritos. En este escenario, nada ajeno a las tonalidades políticas, trascendió que la Corte se decidió a esperar hasta después de octubre para evitar la connotación electoral. La intención de la gobernadora María Eugenia Vidal, claramente, apunta al rédito político y en particular al proceso destinado a concluir en las presidenciales de 2019, en las que podría ser la carta de peso del Gobierno nacional para ampliar su estadía en el poder. Es sabido que los ministros de la Corte, normalmente, son sensibles al gobierno de turno y, atento a la inédita plataforma de poder que significa manejar simultáneamente la CABA y la Provincia de Buenos Aires, no parece descaminada la opinión de quienes ven en el eventual fallo de la Corte, por la extraordinaria cesión de recursos al distrito bonaerense, la plataforma de lanzamiento de la campaña oficialista hacia 2019. Este contexto explica la decisión, anticipada este martes por un medio nacional, de que la mayoría de las 17 provincias intimadas por la Corte Suprema para que definan postura esta semana, mantendrían el reclamo por los descuentos del 15% de coparticipación, en la vía judicial. Más allá de que las provincias acordaron con la Nación un esquema de devolución del 15% desde 2016 en adelante, en este complejo panorama, la relación Nación-Provincias vuelve a generar tensiones que son históricas; saludablemente, las provincias tomaron nota de lo que se viene y dan a entender que están dispuestas a defender lo que es suyo.
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