La mayoría de los analistas que orientan a la opinión pública respecto a las primarias (Paso) a realizarse el domingo entrante en todo el país, tiende a resumir el significado político de estos comicios en la puja que se librará en la Provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral en cantidad de votantes y en el que se anuncia, por otra parte, una polarización presuntamente excluyente. La polarización en territorio bonaerense, que los estrategas del actual Gobierno nacional creen que les favorece porque colocaría el cursor en la confrontación con el pasado, encarnado por el gobierno anterior, y no en una visión crítica del presente evaluado a partir de sus propios logros y fracasos; retacea significación a lo que ocurra en otros distritos. Se refuerza así una concepción centralista que postergó sistemáticamente el logro de un auténtico país federal. Si en la búsqueda del sentido del acto electoral, el análisis no se somete a la apuesta del Gobierno nacional, que llega a las elecciones de medio término con escasos logros que mostrar, aún si se admiten los supuestos “brotes verdes” en la economía, y pretende inculcar en el electorado el temor a “la vuelta al pasado”, habría que convenir que, al tratarse de la renovación de las dos Cámaras del Congreso Nacional, es fundamental el protagonismo de las provincias. La realidad nacional presenta hoy aristas más que preocupantes, y a las que no escapan los misioneros, como la escasa actividad económica, o la caída de los niveles de empleo. Sin ignorar esta realidad nacional, empero, para el electorado misionero, y de las provincias en general, la posibilidad de hacer un aporte no pasa por alienar la voluntad en la figura, o los intereses, de un circunstancial ocupante de la Rosada. Por ello, para los misioneros lo primordial es garantizar una activa y auténtica defensa de los intereses de la provincia en el parlamento nacional. La renovación legislativa, objeto puntual de la puja electoral, es crucial para Misiones y todo el país federal. Los legisladores son la herramienta que permite a las provincias, por lejos que estén del centro del ring político, participar en las decisiones haciendo valer los puntos de vista y los derechos federales.
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