Un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA), dado a conocer ayer, observó que el nivel de pobreza e indigencia en los grandes centros urbanos del país es alarmante y creciente, señal de una deuda social persistente. La construcción democrática que subyace al sistema electoral vigente, que convoca periódicamente a la ciudadanía a participar mediante al emisión del voto, se resiente y pierde gran parte de su genuino poder de transformación y convocatoria cuando se admite que, como lo destaca el estudio, en algunas grandes ciudades el 30 o 40% de sus habitantes sino más, no tiene acceso a la alimentación y vivienda dignas. En este escenario de inequidad social profunda, es notorio que el problema no se aborda con la contundencia debida y tiende a ser naturalizado. En ocasiones, y esto se trasluce en la crónica cotidiana, no solo se niega la condena social a los sectores más vulnerables, sino que se criminaliza la pobreza. El vacío que, de esta forma, deja la construcción democrática, invariablemente, lo ocupan la deshumanización y la represión. Por ello, resulta más que alarmante que prácticas como la desaparición forzada de personas, que inició el golpe cívico-militar de 1976, puedan reaparecer hoy, aunque sea como sospecha, a partir del accionar de las fuerzas de seguridad y pleno proceso democrático. Es lo que ocurre con el joven Santiago Maldonado, desaparecido desde el primero de agosto pasado, después de que participara de una acción con la comunidad mapuche de Pu Lof de Cushamen, en Chubut. Referentes de DDHH de numerosas provincias, entre ellas Misiones, expresaron en un documento, su “preocupación, alarma, indignación y una creciente desazón”, frente a la desaparición de Maldonado. El resonante silencio de la cartera nacional del área, y de todo el Gobierno resultan inadmisibles. En un caso en que en cualquier país democrático se movilizaría el Gobierno en pleno, el negacionismo de las autoridades nacionales es de una gravedad institucional incalculable.
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