Resulta increíble la torpeza con la que actuó el Gobierno nacional con los beneficiarios de pensiones por discapacidad, dando de baja a miles de estas por estar -supuestamente- mal otorgadas en distintos rincones del país. La masividad del “castigo” generó que cayeran decenas de pensionados que realmente reúnen las condiciones para percibirlas. Pero, a su vez, desnudó el grosero error en el que cayó la Nación al no estudiar cada caso antes de tomar una determinación administrativa. En la última sesión de la Legislatura misionera, durante un cruce de declaraciones entre diputados de Cambiemos con otras bancadas no alineadas con el macrismo, el diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso/Avancemos), advirtió que “cuando se hace el corte masivo de las pensiones, sin controlar caso por caso, se deja sin un beneficio a quienes realmente necesitan esa ayuda pero, a su vez, se está dejando sin castigar a los delincuentes que utilizaron el dinero de todos los argentinos. Sin analizar cada situación en particular, se castiga a quien no lo merece y se brinda impunidad a quienes percibieron la pensión sin merecerlo, como a sus cómplices en el otorgamiento”.El legislador llevó a la discusión un hecho que terminó judicializado y por el que ahora los funcionarios de Anses y Desarrollo Social de la Nación deberán responder penalmente: el desmantelamiento de la Ufises. “Hay algo que es muy grave: se discute la eliminación de pensiones supuestamente irregulares, donde se estafa al propio Estado. Sin embargo, paralelamente, el propio Gobierno desmanteló la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Seguridad Social (Ufises), un organismo que debería encargarse de iniciar las causas necesarias para recuperar el dinero malhabido, si se comprueban pensiones mal otorgadas. El Gobierno deja sin efecto un convenio clave con la Ufises que, además, podría llevar a la Justicia a los médicos y funcionarios que avalaron el otorgamiento irregular de una pensión por discapacidad a quienes no reunieron los requisitos”, aseguró.Torpeza -o tal vez no- la actuación del Gobierno nacional termina haciendo que no haya castigo para los delincuentes. Menos aun, que devuelvan el dinero para entregarlo a los que sí necesitan.
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