El estudio de Unicef según el cual viven en el país 5,6 millones de niños en la pobreza y 1,3 son indigentes no mereció mayores debates en el ámbito político, pese a tratarse de una prueba irrefutable de un sistema económico en nuestro país que se sostiene en una base de exclusión social.La acumulación de una deuda social creciente en un país que se propone como "supermercado del mundo" no es algo nuevo, pero no por ello deja de ser un escándalo, como la calificó el Papa Benedicto XVI. Ignorado básicamente por el Gobierno nacional, el informe indica que la constante multiplicación de la pobreza a través del tiempo en un país rico en recursos naturales y humanos no escandaliza, sino que tiende a naturalizarse. Si así no fuera, el eje del debate político actual no podría ser otro que el de la condena que sufren estos millones de niños a los que se les niegan los recursos más básicos y elementales para una vida digna. Y la lucha ideológica y de intereses, expresada hoy en un confuso proceso electoral, se sostendría a partir del compromiso ético de respetar un piso de dignidad y equidad. Para llegar a este consenso se debería contar, en primer término, con la voluntad de resolver o al menos combatir la inequidad. El gobierno de Mauricio Macri, notoriamente, no transita por esta búsqueda y, a cada paso, renueva su desapego. Lo hace con hechos como la eliminación indiscriminada de 83.000 pensiones por incapacidad en lo que va del año. Las endebles justificaciones no ocultaron la arbitrariedad de la medida, violando derechos adquiridos y valores humanos. “Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, afirmó un funcionario a lo cual agregó -rozando el cinismo- que “una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”. Un exceso alejado del buen criterio, podría justificar esta visión economicista y deshumanizada. No es posible, empero, no ver la paradoja de que un gobierno que el año pasado transfirió alegremente 117.200 millones de pesos (el 1,5% del PBI) a las mineras y los grandes exportadores de soja; le niegue hoy el auxilio de una modesta asignación a miles de personas discapacitadas.
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