El debate recurrente respecto al crecimiento de la pobreza tiende, en el país y la provincia, a resumirse en base a variaciones cuantitativas relacionadas con las fluctuaciones en el ingreso con lo cual, el análisis, se limita a la coyuntura e impide una mirada más profunda sobre las causas que sostienen un elevado índice de pobreza estructural a través del tiempo. Y las maneras de generar condiciones para revertir ese proceso. Así se tiende a invisibilizar el sufrimiento de comunidades enteras que pelean por sobrevivir frente a carencias que son responsabilidad del Estado, independientemente de las creencias macroeconómicas de turno. Este abordaje parcial, por otra parte, refuerza la exclusión social. Hace unas semanas, el diputado Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso) aludió a esta problemática al solicitar que se vuelva a tratar la legislación relativa a la creación de Bancos de Tierras, aprobada a fines de 2014, pero aún no aplicada. Destacó que es mucho lo que se ha hecho sobre la tenencia de la tierra en la provincia, pero insistió en dar continuidad a las políticas y a las decisiones legislativas que, como la creación de estos Bancos, ayuden a resolver la carencia de infraestructuras básicas y, en primer lugar, la legalidad de la tenencia que afecta a numerosas familias misioneras. El acceso a la tierra, como al agua y a la electricidad, se debe recordar, son derechos básicos. Un proyecto presentado a la Legislatura, también de la oposición, advirtió sobre un caso concreto de ausencia del Estado y negación de derechos básicos a familias de trabajadores que pone en evidencia la ausencia de políticas coherentes frente al drama de la pobreza. El proyecto describe la exclusión social de los vecinos del barrio “8 de Diciembre” de la localidad de Wanda, que se cansaron de reclamar por la falta de agua potable, energía eléctrica y caminos, entre otras carencias básicas, como la falta de regularización de la tenencia de la tierra. Merece una reflexión que, según el testimonio de algunos vecinos, el drama que viven ya lleva más de quince años sin solución.
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