Un grupo de seis trabajadores que desde 2010 se desempeña como seguridad de la terminal de ómnibus de Oberá manifestaron su preocupación tras la decisión del Ejecutivo municipal de cambiar la concesión del servicio de vigilancia en ese espacio.Es que la iniciativa de la gestión actual de cambiar la prestadora del servicio a partir del 1 de junio provocó una situación de desamparo laboral: “Estamos desde el primer día que empezó a funcionar la terminal. Nos capacitamos e hicimos todos los trámites para brindar el servicio de seguridad, pero ahora de nada sirve”, expresó a PRIMERA EDICIÓN Marcelo Lezcano, uno de los trabajadores afectados.Los empleados pertenecen a la empresa de seguridad Odilio Klipauka y, según advirtieron, la Municipalidad optó por contratar a otra prestataria que ofrece el servicio a un costo inferior, cuya diferencia radicaría en torno a los mil pesos. “No es una diferencia considerable para el cambio, además ni siquiera contemplaron el daño que nos ocasiona”, sostuvo Lezcano. El hecho despertó suspicacias en la localidad, ya que -según manifestaron- “la nueva empresa estaría ligada a uno de los integrantes del gabinete del intendente Carlos Fernández”. Otro dato que potencia el malestar es que la empresa ofreció casualmente un costo menor al servicio actual, por lo que los trabajadores estiman que tenían conocimiento previo de este monto. “No podemos creer que no consideren todo lo que brindamos. Nunca tuvimos inconvenientes, ni quejas. Nos conocen todo el personal y los propietarios de los locales. Tienen absoluta confianza en nosotros. Atendimos muchos casos de problemas de salud, incidentes, para eso nos capacitamos”, remarcó el trabajador. A todo esto, resaltó que lo más preocupante de esta decisión es que los operarios se quedaron sin trabajo ya que “la empresa no tiene otro lugar para destinarlos. Nos quedamos sin trabajo, ya nos dijo el dueño. Lo más grave es que somos cabezas de familia, así que estamos desesperados”, enfatizó Lezcano.En este contexto, los comerciantes de la terminal de ómnibus se mostraron sorprendidos con la novedad y comentaron que no estaban al tanto de la medida. “La verdad es que toman decisiones sin consultarnos, cuando deberían al menos tener en cuenta lo que opinamos, ya que pagamos regularmente el alquiler y sostenemos esto”, subrayó uno de los puesteros. Cabe recordar que el personal de seguridad que cumple funciones en la terminal de Oberá está capacitado en primeros auxilios, posee la atribución de detener a la persona que cause algún perjuicio y labrar un acta que luego queda a disposición de la fuerza pública. Al asumir la intendencia, Carlos Fernández se encontró con una importante deuda con la prestataria del servicio de seguridad, por lo que había decidido, en su momento, dar de baja la relación y apostar a un sereno municipal para que cumpla la tarea. Sin embargo, ante la protesta generalizada de los trabajadores, se llegó a un acuerdo y la deuda se saldó en varias cuotas.
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