La facilitación de teléfonos celulares, visitas íntimas exclusivas y salidas de presos sin autorización y hasta la venta en despensas de los alimentos destinados a los internos de la Unidad Penal III, son los principales motivos por lo que cuatro exdirectores y jefes del Servicio Penitenciario Provincial serán juzgados.La escandalosa causa, que oportunamente saltara a la opinión pública a través de las páginas de PRIMERA EDICIÓN, fue elevada a juicio durante los últimos días por el juez de Instrucción 1 de Eldorado, Roberto Horacio Saldaña.César Florentín Barberán (49), Edelmiro Javier Núñez (45), Carlos Alberto Cabrera (42) y Hugo Víctor Flores (43) fueron investigados por una serie de irregularidades de naturaleza delictiva que se habrían registrado entre los años 2011 y 2013.Beneficios a varios internos a cambio de dinero o dádivas. Por ejemplo: la confección de precarias carpas para visitas íntimas no autorizadas, en uno de los patios de la prisión eldoradense o la facilitación de teléfonos celulares.Entre las presuntas irregularidades de los acusados, las más graves serían las salidas transitorias sin la autorización judicial a los internos, quienes hasta se habrían trasladado en una camioneta del SPP.Los cuatro funcionarios habrían ofrecido alojamiento en el sector de enfermería de la UP-III para presos que no sufrían de ninguna enfermedad o lesión y eran visitados, fuera de los horarios y días establecidos, por familiares y allegados.Incluso, siempre mediante dinero u otra forma de pago, permitían la tenencia de teléfonos móviles a los internos. Los “alquilaban o vendían” y luego se los quitaban en requisas para volver a ser ofrecidos por un monto determinado de billetes.Sin autorización del Tribunal Penal de Eldorado, estos jefes penitenciarios habrían permitido que los internos salieran a trabajar y visitaran a sus familiares. Cuando se denunció lo sucedido, se remarcó que ni siquiera telefónicamente se ordenó el beneficio.También se registraron salidas de un preso para trabajar en un taller mecánico que le prestaba servicio a las unidades de traslado de la UP-III. La acción de concretaba con un oficio que por única vez el Tribunal Penal le habría otorgado para visitar un familiar directo en Posadas.En otro de los casos investigados, se detectaron constantes salidas de un condenado para trabajar en un aserradero de Dos de Mayo y también a cumplir labores de albañilería en otros emprendimientos privados o relacionados con los mismos jefes que los beneficiaban.Pequeña constructoraLos privilegios que otorgaban los “jefes” de la prisión incluyeron “visitas íntimas” sin autorización alguna y que habrían sido pagadas con dinero en efectivo o cumpliendo las labores de albañilería extramuro, cuyos servicios eran cobrados por los propios directores.Todos los beneficios sin autorización eran negociados por dinero en efectivo o especies. Incluso las denominadas “carpas del amor” destinadas a las “visitas especiales íntimas”. Estas pequeñas habitaciones se montaron con estructuras precarias de lona, plástico y pedazos de madera, en el patio de un pabellón, a la vista de todos y sin el menor permiso correspondiente solicitado. Por ejemplo, el de un certificado o estudios médicos que acrediten la perfecta salud de la persona que iba a visitar al interno.Las testimoniales comprometieron a los cuatro acusados. Tal el caso de la declaración de un preso que reconoció haberle comprado un celular a un guardia del pabellón y que el mismo le fue quitado en una posterior requisa. Lo llamativo fue que el teléfono le volvió a ser ofrecido por uno de los jefes por 500 pesos en efectivo.A la madre de este preso, días después, uno de los jefes acusados le solicitó el mismo monto por sacar de la celda de aislamiento a su hijo. Habría abonado el pedido pero la salida nunca se concretó.Pero las formas de pago no incluían dinero y servicios de albañilería únicamente. Uno de los casos para que un preso permanezca en enfermería, sin que nada le doliera, se saldó con una carga de machimbre de pino y retazos de otras maderas.Los beneficios de recibir visitas fuera de horario y sin requisas pertinentes también habrían sido cancelados con vales de combustible entregados a los jefes y directores mencionados.La comida tambiénLas testimoniales en la causa indican que uno de los encartados habría autorizado salidas de una de las camionetas de traslado de reclusos de la institución cargada de mercaderías que se vendía en despensas y almacenes no muy lejos de la cárcel. Estos envíos de alimentos incluyeron cortes de carne que correspondían a la población penal. La distribución de la mercadería se hacía de noche y con internos que cumplían el servicio de símiles repositores y como parte de pago para que le autorizaran las visitas de familiares sin visto alguno de autoridad judicial competente.Barberán, Núñez, Cabrera y Flores fueron acusados por “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.En los casos de Núñez, Cabrera y Barberán se le suma la presunta autoría en casos de “exacciones ilegales o concusión y peculado”.Encuadre legalEl delito de “Peculado” -en otras palabras, la malversación de fondos públicos- prevé penas de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos para “el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”. En cuanto a “Exacciones ilegales y Concusión” el Código Penal reprime -en su artículo 266- con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco, al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrare mayores derechos que los que corresponden.
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