Declaró inconstitucional la imposición de esta obligación tributaria a los jubilados al indicar que resulta “a todas luces un contrasentido y una flagrante injusticia”, ya que “ningún miembro del sector pasivo presta servicios u obtiene rentas, enriquecimientos o rendimientos merced a una actividad realizada por él”. La fundamentación describe con simpleza pero con una lógica indudable, un abuso flagrante en la aplicación. Por ello, la respuesta del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, basada en el costo fiscal que tendría el cumplimiento de la sentencia, resulta polémica y poco justificable desde el derecho y el sentido de equidad que debe primar en estos casos. Debería complementarse, por otra parte, con una revisión general de toda la estructura tributaria, regresiva y favorable a los sectores más concentrados. Porque si es cierto que “hay que compensar” el costo fiscal, -como propone Basavilbaso- se debe hacer en base a un sentido de equidad y de protección de los recursos del Estado y los derechos de los jubilados. No es esto, precisamente, lo que viene haciendo Cambiemos que desde que se instaló en la Casa Rosada impuso arbitrariamente, mediante la eliminación de las retenciones a los complejos agroexportadores y otras medidas, fuertes transferencias de recursos a favor del poder económico y sin compensación alguna. Es sabido, además, que el Gobierno impulsa una política de desfinanciación de Anses en favor de intereses privados a través de venta de las acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, un instrumento fundamental para la continuidad de la estructura previsional en un contexto de inestabilidad económica. Impedida por una ley del Congreso de realizar esta operatoria, igualmente la entidad ya vendió el 11,85% de capital social de Petrobras Argentina, a cambio de u$s 156 millones. Nada se dice en estos casos de “compensar el costo fiscal”.
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