La Cámara de Representantes aprobó anoche la creación de un Juzgado de Instrucción Penal en el municipio de San Pedro, una demanda de los vecinos que, actualmente, tienen que trasladarse a San Vicente, o a Eldorado en caso del fuero civil y comercial, para cualquier reclamo o acción judicial. La Legislatura, por otra parte, ingresó ayer el informe sobre la obra pública provincial en el período 1983/2016, elaborado por un equipo especial liderado por el exlegislador José Garzón Maceda y que respondió a sendos pedidos de informes de los bloques de la UCR y Vanguardia Radical, presentados a mediados del año pasado.El renovador Orlando Franco destacó que el informe no confirma las denuncias de concentración de los contratos de obra pública durante los gobiernos de la renovación, ya que durante el período 2000/2016 se adjudicaron obras a 525 empresas con un 7% de participación para la más beneficiada. Franco remarcó que el informe fue avalado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, Fiscalía de Estado y por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y subrayó, además, que en el período renovador se asignó el 34% del presupuesto a obras públicas. El titular del bloque radical Germán Bordón, uno de los firmantes del pedido original, que solo estaba dedicado al período 2003/2016, pero fue extendido hacia atrás por el diputado de Vanguarda Radical, Hugo Escalada, no se mostró conforme con el contenido del informe, al que consideró “de contenido político, consideración incompleta y en alguna medida sesgado”. “La información es incompleta para todos los períodos”, acotó aunque no avanzó mucho más en su postura.Negativa inesperadaEn el transcurso del debate, generado por un pedido de preferencia del diputado Hugo Escalada para un pedido de informes sobre la reciente readjudicación de obras de la empresa Ingea SA a Calcaterra SRL, el legislador de Vanguardia Radical/Avancemos, resaltó que la actual conducción de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) “se negó a contestar el pedido de informes de la Cámara”, y cuestionó el silencio de la bancada radical ante esta sorprendente negación de información de parte de la conducción de la entidad nombrada por Cambiemos. Escalada sacó a relucir las presuntas irregularidades que signaron la construcción de la represa de Urugua-í, “cuyo costo terminó siendo el triple de los 80 millones de dólares del contrato original”. Enfatizó. asimismo, que el representante de Sosma, adjudicataria de la obra, terminó siendo llevado a la Justicia. Entre otras distorsiones, el contrato de la obra que estuvo un largo tiempo parada, “exigía que la Provincia pagara el canon con o sin generación de energía”, recordó Escalada. Pedido de informesEmsa, precisamente, fue objeto de un pedido de informes del diputado Héctor Barbaro (Pays) por las boletas de luz de entre 7 mil a 30 mil pesos que le entregó a los productores y trabajadores rurales de la zona de Irigoyen y otras localidades. El legislador consideró necesario investigar estas arbitrariedades y sostuvo que se producen porque la prestataria no controla los medidores en tiempo y forma, y luego de hasta 2 años de inacción, “dibuja” los consumos.Banco de TierrasEl diputado provincial Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso/ Avancemos), pidió una preferencia para la próxima sesión a fin de que el cuerpo reconsidere un proyecto de ley pendiente desde 2014 que propone la creación de los “Bancos de Tierras” para personas sin acceso a la vivienda. Resaltó que, aunque la Legislatura aprobó varias iniciativas sobre el problema del acceso a la tierra, es necesario profundizar las medidas.
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