Bullrich se presentó ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado donde se analiza el proyecto que ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados para modificar la ley 24.660, que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad y el régimen de salidas anticipadas.Al defender la iniciativa, la ministra sostuvo que “comenzó a automatizarse” la salida de los presos “a mitad de la condena” y advirtió que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires “el 23% de los que tienen el beneficio no vuelven" a la cárcel y en Santa Fe “el 40%”.“Es una enorme preocupación porque vemos personas a las que el Estado les había dado un beneficio que violan esa confianza para escaparse o volver a delinquir”, agregó la funcionaria durante su exposición en la reunión que se realizó en el Salón Illia de la Cámara alta.En este sentido, indicó: “Con este proyecto, lo que estamos diciendo es que todo aquel que mate, robe y mate, que vaya contra la integridad sexual de las personas, no va a tener más la confianza del Estado para salir antes”.“Los delitos que no van a poder gozar del beneficio son homicidio, delitos contra la integridad sexual, robos con arma, en poblado y seguidos de muerte; secuestro extorsivo, trata de persona, asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico”, precisó la responsable de la cartera de Seguridad.La funcionaria nacional explicó que actualmente la ley 24.660 prevé la evaluación “intramuros” del comportamiento de un preso y que en muchos casos la conducta “puede ser analizada como buena”, pero esas evaluaciones “no necesariamente reflejan las realidades de la persona y las razones que la llevaron a delinquir”.Para la ministra, el proyecto es “importante” porque “va a permitir reconstruir la confianza en la sociedad" en un contexto en el que se da una “sensación de impunidad”.No obstante, Bullrich reconoció que las condiciones que llevan al delito son “el deterioro del tejido social, la violencia familiar, la extrema pobreza” y agregó: “La política criminal va a ser mejor cuando haya menos pobreza”.Por otra parte, la ministra rechazó que el proyecto fuera una “reacción” ante la polémica por el caso de Micaela García, en el que el acusado de haber violado y asesinado a la joven entrerriana se encontraba en libertad condicional tras había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones.Al respecto, señaló que “este proyecto se discutió el año pasado en Diputados y estaba en la agenda del Senado, así que no es una reacción a lo que sucedió” con la joven de 21 años en el municipio entrerriano de Gualeguay.Fuente: Agencia de noticias NA
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