La detención de dos estudiantes que participaban de una fiesta en un predio de la Universidad Nacional de Jujuy fue presentada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales y por las autoridades policiales como un procedimiento de rutina ante una reunión en la que se habría consumido alcohol y se generaron “ruidos molestos”.El intento de banalización del objetivo y el encuadre legal de este procedimiento policial, que surge tanto de las declaraciones del gobernador de la provincia norteña como de la justificación que dio el vocero de la fuerza; es tan grave como el hecho mismo, una clara violación a la autonomía de la Universidad como a los derechos de los participantes de la reunión, como estudiantes y ciudadanos.Ingresar con armas de guerra a un predio universitario y llevarse detenidos a dos estudiantes, uno de ellos presidente del centro estudiantil, no puede reclamarse de ningún modo como un procedimiento habitual frente a una simple contravención, si es que realmente la hubo. Aunque no fuera más que por la lógica represiva que reflejan los dichos de las autoridades jujeñas, el incidente merece ser objeto de una investigación; pero lo más preocupante es que hay argumentos para pensar que no se trata de un hecho aislado, sino de una señal más entre otras que ponen en el tapete una tendencia a naturalizar los desbordes represivos, como ocurrió recientemente con el “aula itinerante” de los docentes frente al Congreso Nacional.La explicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma fue también un visible intento de banalización, adjudicando a un eventual incumplimiento de un trámite administrativo la detención y golpes a los maestros. Pareciera que se busca legitimar y dar impunidad al uso abusivo de la fuerza pública y a un discurso que ampara la violencia contra los más vulnerables, entre ellos las mujeres y los jóvenes. Señales paradójicas de una sociedad que dice compartir el mensaje cristiano por excelencia: la solidaridad con el más débil.
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