La represión violenta a los docentes que este domingo buscaban instalar una “carpa educativa” en inmediaciones del Congreso nacional profundizó innecesariamente la confrontación entre los gremios y el Gobierno que encabeza Mauricio Macri, cosechando una nueva medida de fuerza, ahora ya no en reclamo de una suba salarial, sino en rechazo al desborde represivo. Luego de que el propio Presidente cuestionara a los docentes por usar el paro de actividades en lugar de acciones más “creativas” para hacer valer sus demandas, el uso de la fuerza ante la instalación de la carpa (una modalidad de acción pacífica y con una ya larga tradición en el país) no puede verse sino como una provocación. El desborde represivo solo se explica por una intencionalidad confrontativa de origen político que excede la lógica de la puja entre Gobierno y sindicatos en el marco de las paritarias docentes y que deja ver, a quien lee con atención los antecedentes, una innegable relación con las elecciones de medio término en octubre próximo. Los analistas coinciden, en estos días, en que el Gobierno de Cambiemos basaría su estrategia electoral en la explotación de un escenario de polarización extrema, definido en los últimos años como una “grieta” surgida en la última década, pero que en realidad remite a antinomias que se pueden rastrear en los comienzos mismos de la vida nacional. Algunos periodistas con acceso al Gobierno, incluso, han explicado que tras las protestas de marzo y, en particular, el paro general de la CGT, es decisión del Gobierno nacional salir a “mostrarse enérgico ante la sociedad”. Sería lamentable que el episodio represivo sea, efectivamente, parte de esa estrategia vindicativa, y busque sacar rédito político de la criminalización de la protesta ciudadana.La necesidad electoral no justifica que se trace un recorrido de tensiones exacerbadas, y desde el propio Estado, confundiendo autoridad con autoritarismo, se incite a la confrontación en lugar de bregar por la mesura y la paz social.
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