Nadie puede ignorar que las subas tarifarias en servicios de primera necesidad; como el gas, la electricidad y el transporte público, aplicadas sobre una clientela cautiva que no puede prescindir del gasto, se trasladan en forma directa a los precios de la mayoría de los artículos de consumo y, por tanto, tienden a poner entre paréntesis los “pequeños crecimientos” de la economía.Los incrementos de tarifas que Emsa o el ministro Aranguren aplican paulatina pero puntualmente, de acuerdo a un plan prefijado, afectan no solo a los usuarios con menor poder adquisitivo, sino también a muchas Pymes, que operan desde hace tiempo con un margen muy pequeño de ganancia, si no lo hacen sin ningún margen. Esto explica porqué, según fuentes gremiales, desde diciembre de 2015 en el país y la provincia, se perdieron nada menos que 27 mil puestos de trabajo; probablemente muchos de ellos a causa de los continuos tarifazos, que alteran permanentemente los costos.El tarifazo en el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, -área conscesionada por 30 años a un único grupo económico, es decir gestionada por un privado a partir de una posición monopólica asegurada por el Estado, que se pone en vigencia hoy, no será menos lesivo para las economías de los usuarios del servicio que los tarifazos de luz y gas, a nivel nacional y provincial.El incremento de un 18% en el precio del boleto de transporte urbano nos vuelve a la pregunta que encabeza esta columna: ¿Hasta cuándo se puede apretar hacia abajo, a los que menos tienen, para sostener una economía que no crece, entre otras razones, porque desde el mismo Estado se incentivan estructuras monopólicas y prácticas abusivas?
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