Sólo unos días después de que un representante de una de las empresas líderes de la explotación minera en el país asegurara que la minería en la Argentina respeta los estándares internacionales en cuanto control ambiental en sus explotaciones; se conoció un nuevo derrame por accidente en la mina Veladero de la Barrick Gold en San Juan. El Gobierno de San Juan admitió que la empresa informó sobre una “desconexión de un caño con material rico” y anunció que se investigará lo ocurrido; sin dar más precisiones sobre el incidente que, sin embargo, fue cuestionado por entidades ambientalistas que volvieron a pedir la clausura de Veladero por violación a la Ley de Glaciares. “Si la mina sigue funcionando es una evidencia más de la total connivencia de los gobiernos con Barrick”, enfatizó un referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, conformada en torno del primer derrame ocurrido el 12 y 13 de septiembre de 2015 en Veladero, que arrojó al Río Potrerillos, próximo a Jachal, y a otros cuatro cursos de agua millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados. Con dos derrames altamente contaminantes confirmados y tres anteriores que se conocen pero nunca se hicieron públicos, el sólo anuncio de un nuevo incidente pone en tela de juicio tanto la gestión de la empresa multinacional como la permisiva actuación del gobierno de San Juan. El problema no es nuevo, ya que con distintas perspectivas respecto a la política impositiva y jurisdiccional, tanto el gobierno nacional anterior como el actual privilegiaron el incentivo a la actividad minera por sobre el control de la actividad; imprescindible para, sino evitar, moderar el alto impacto ambiental negativo. Más allá del caso Veladero, esta visión sesgada por la sobredimensión del impacto inversor a mediano plazo, y el descontrol consiguiente, anuncia un futuro impredecible en materia ambiental, sobre todo por el potencial argentino en yacimientos de litio, principal “objeto del deseo” de las multinacionales mineras.
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