Señora Directora: El genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, político, étnico, racial o religioso como tal. Según la Wikipedia, el término legitimidad se utiliza para definir la cualidad de ser conforme a un mandato legal; un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente. Según Max Weber, para ser obedecida la autoridad tiene que ser legítima, a través de la dominación racional, la de la sociedad moderna, fundada en la legalidad de reglas y derechos. Para poder ser definido como tal, el Estado debe tener el monopolio de la fuerza legítima en un territorio determinado. Me llamó poderosamente la atención que un docente, director de un establecimiento escolar por muchos años, escriba una nota diciendo que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es una visión sesgada y aberrante de la historia argentina, por lo que nunca participé y jamás participaré de un acto en alusión a lo que se conmemora el 24 de marzo. Igualando las víctimas del terrorismo de estado a las víctimas producidas por los subversivos, diciendo que fueron más que miles, la famosa teoría de los dos demonios. Es esta falacia de falsa analogía la que justifica cualquier prejuicio. No es lo mismo cometer crímenes desde un grupo que desde el estado, porque cuando el estado lo hace se vuelve terrorista, cometiendo crímenes de lesa humanidad, quien actúe en nombre del estado debe actuar de acuerdo a los principios generales del derecho, si no es un grupo militar con poder, pero no es el estado. El terrorismo de estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientado a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justificaría por razón de estado. Cuando el poder es usurpado por la fuerza, ese grupo no tiene la legitimidad suficiente para justificar sus actos, volviendo ilegales y por lo tanto nulas sus acciones. Al no tener el legítimo uso de la fuerza sus actos se convierten en hechos ilícitos, pasibles de sanciones internacionales. La violación de los derechos humanos como preventivo de una amenaza mayor, no puede obviar el debido proceso de juzgamiento por la sola presunción de luchar contra el mal, retrocediendo a la Edad Media. No se puede defender lo indefendible, justificar un genocidio, el terrorismo de estado, el plan Cóndor, la casi guerra con Chile, más de 600 soldados muertos en Malvinas, el sobreendeudamiento que genera el hambre de miles. No se puede desconocer los vuelos de la muerte, el robo de bebés, los centros clandestinos de detención, la desaparición forzada de personas, las torturas (las picanas, el submarino y las violaciones sexuales), y creer que como pueblo que gusta vivir de los valores democráticos no tiene contenido de justicia y verdad aborrecer tales actos. Es tan lamentable como los dichos de que las cifras están inventadas o que las Madres pertenecen a una agrupación política, o como cuando decían “algo habrá hecho”.
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