Las comunas misioneras buscan regularizar la situación de miles de familias afectadas por la imposibilidad de contar con el título de la propiedad en la que habitan. Muchas de ellas ya cuentan con una ordenanza municipal, pero la mayoría sigue teniendo conflictos que “por ahora es una problemática sin solución para los municipios”. Para una sociedad, la tierra es una generación, es un legado, hay familias enteras que vivieron siempre en el mismo lugar a pesar de no ser propietarios. Por lo general, estas personas decidieron asentarse en lugares donde pueden trabajar la tierra, pero los especialistas en la materia estiman que si no hay una función pública a favor de resolver estos inconvenientes se hipoteca un futuro familiar. En el caso de la provincia, el gobernador, Hugo Passalacqua, impulsó como política de Estado la regularización de terrenos, de allí la implementación del programa “Mi Título”, que según su mandato el objetivo es agilizar el proceso de titularización de las tierras fiscales rurales y urbanas. Tiene alcance en todo el territorio de la provincia de Misiones, atendiendo las demandas de titularización de inmuebles fiscales.Las autoridades de la Subsecretaría de Tierras y Colonización reconocieron que el organismo se encuentra en una etapa de reorganización, ya que la ocupación de terrenos siempre fue una de las cuestiones más complicadas. El último censo del año 2010 reveló que Misiones tiene más de un millón de habitantes en el interior de sus fronteras y casi la mitad carece de título de propiedad o está en una situación de vivienda precaria, es decir que habita en ranchos, asentamientos, espacios prestados, no adecuados como albergue o sin los servicios básicos ni condiciones mínimas. A raíz de estos datos, comenzó la preocupación de las comunas de buscar una solución, sobre todo en los casos de tierras fiscales. El concejal de la localidad de Eldorado, Héctor Falsone, presentó un proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante, sobre la necesidad de regularizar la situación de miles de familias afectadas y para quienes considera imprescindible contar con una regulación acabada referente al destino de la tierra fiscal municipal, reglando las distintas situaciones, y permitiendo regularizar la situación permanente en la localidad.Aclaró que la ordenanza en cuestión es solamente aplicable a los terrenos fiscales municipales. Y recordó que el Ejecutivo compró un predio para relocalizar en el barrio Elena, sin embargo todavía no se hicieron los censos ni las delimitaciones de las fracciones.El proyecto de Falsone prevé también que los fondos provenientes de venta de la tierra de propiedad privada municipal, sean destinados a obras de infraestructura para los barrios, debiendo destinarse el 50% de la venta de cada lote a obras en el barrio al que pertenezca dicho lote. “Y así solucionar un problema histórico de nuestra ciudad. Tendrá por finalidad la utilización y adjudicación, teniendo en cuenta que su principal objetivo será el cumplimiento de los fines sociales y la satisfacción de necesidades de la ciudad, apuntando al desarrollo integral de la familia y a la diversificación económica”, precisó a PRIMERA EDICIÓN.Además comentó que “el proyecto trata de dar un marco regulatorio a la problemática de tomas de tierras fiscales básicamente, da unas premisas y pauta de los casos en donde el Ejecutivo puede ceder la tierra tomada, pero con el posterior cobro en cuotas por parte de los ocupantes. Tiene sistema de puntaje de acuerdo al grupo familiar con una prohibición de venta por 5 años. Estos casos se toman siempre y cuando la tierra tomada sea para ventas y habitación, se excluye los espacios verdes, plazas, parques, y demás”.Reclamó que en esa ciudad se realizaron varios censos para saber cuál es el alcance de la problemática, no se dieron a conocer debidamente. Lo concreto es que varios barrios populosos de Eldorado cuentan con este problema, como San Cayetano, Belgrano (uno de los más antiguos), Elena, Santa Rosa de Lima, entre otros. ContextoEl dirigente de la Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones (Cotrum), Jorge Páez, dialogó con PRIMERA EDICIÓN y explicó que la problemática es bastante generalizado en las zonas rurales, sobre todo porque las familias agrarias que no tienen títulos privados, se instalan en campos que fueron abandonados. “Lastimosamente no se piensa en que un terreno puede ser una oportunidad para las personas, hay muchos que usan la necesidad para hacer negocios, por lo general son especulativos, porque hay cientos de familias que se asientan donde no hay ocupación. La tierras ocupadas por campesinos son las más difíciles de entender y resolver, porque dependen del tipo de conflicto, a veces los presuntos propietarios vienen con todos los fueros y desalojos. En estos casos, le damos ayuda y explicamos que es importante que todos se apoyen”, indicó Páez.Además indicó que la situación empeora cuando interviene la Justicia, porque los agentes judiciales no van a ver con sus ojos la función de la tierra para esas familias. “Hay lotes abandonados que no tienen ninguna función social, familias que no tienen otro acceso al trabajo más que el comercio y no mucho más, entonces las familias pobres buscan un espacio de tierra para producir”, enfatizó. Páez reconoció la muy buena disposición del personal de la Subsecretaría de Tierras, “que tiene una enorme cantidad de conflictos, pero tienen muy pocos recursos humanos” para emitir más expedientes. El dirigente criticó que en la gestión del exgobernador Maurice Closs, poco se hizo para regularizar la situación terrenal, ya “que estaba abocado a otros intereses”. Familias cansadas de promesas de campañaHace casi un año que Oberá cuenta con un Departamento de Tierras, creado exclusivamente en cumplimiento con la Carta Orgánica, para ejecutar políticas públicas nacionales, provinciales y municipales de regularización de tierras públicas y privadas, rurales o urbanas en el ejido del municipio. El?Ejecutivo asumió el compromiso de atender una problemática histórica que fue creciendo con el desarrollo urbano y en especial con la multiplicación de asentamientos irregulares. Según algunos de los vecinos, provocados por los propios funcionarios de turno que habrían ubicado a las familias en determinados espacios, con el compromiso de proveerles luego los servicios básicos. Cuestiones legales por un lado y desidia del Estado por el otro, impidieron que se pudiera cumplir con esa asistencia vital, por lo que los conflictos y reclamos se fueron multiplicando con el tiempo.“Sin el título de propiedad no pueden acceder a los servicios de agua y energía eléctrica, es imposible hacerlo. Hay voluntad pero el primer paso es que cada familia cumpla ese trámite” subrayó un directivo de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá. Por ejemplo, según datos arrojados por relevamientos recientes, casi 20 mil obereños no acceden al agua potable.Hace
unos días el propio edificio municipal fue tomado por residentes de barrios periféricos, en demanda del cumplimiento de promesas asumidas por el actual Gobierno comunal relacionadas con las consecuencias de las problemáticas surgidas por tratarse de asentamientos ilegales.El titular de Tierras es Matías Frick, si bien no fue puesto en funciones oficialmente, afirmó que están trabajando con la Provincia. En ese marco, firmó un convenio con el Colegio de Escribanos con el objetivo de agilizar la escrituración de títulos de propiedad. Para el intendente, Carlos Fernández, es indispensable lograr la mayor cantidad de títulos de propiedad de vecinos que están hace varios años viviendo en situación irregular y precarizada. “Estamos esperando hace tantos años, que hasta que no se cumpla no creemos nada. Todos prometieron lo mismo, cada vez que vienen preguntan, toman nota sobre qué necesitamos y solo eso. Se repite lo mismo con los funcionarios locales, concejales, referentes de los partidos. Hace un año que está Fernández, que nos visitó un montón de veces en campaña, dijo que sería lo primero que iba a solucionar, pero es más de lo mismo” confesó un vecino del barrio Gunther.Banco de TierrasPor su parte, el Concejo Deliberante aprobó en septiembre del 2016, el proyecto presentado por los concejales Alejandro Etcheberger y Héctor Antunez Proeza, solicitando al Ejecutivo la adquisición de una chacra para crear un banco de tierra en la ciudad. De esa manera, el Municipio tendría una herramienta para reubicar a asentamientos irregulares.En el reciente discurso de apertura de la actividad legislativa, el jefe comunal, mencionó el proyecto y así también la continuidad del trabajo en la problemática, pero no abundó en detalles.
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