Tras el alejamiento de los colonos que montaban guardia frente al organismo con sus tractores y amenazaban con profundizar al extremo el reclamo, hubo elogios porque por primera vez el Inym accedió a dos viejas consignas de los productores: la regulación de la oferta y la fiscalización;?instrumentos que pondrían límites a los abusos en los precios y aportarían a dar una racionalidad económica al sector. Un reconocido dirigente de la producción matizó el relato eufórico de muchos al afirmar que el principal logro fue la creación de una comisión de seis miembros que discutirá en tiempo real la aplicación del acuerdo, logrado, dicho sea de paso, luego de que el Gobierno provincial tomara el relevo del titular del Inym, Alberto Re, en los momentos más duros del conflicto.Llevar a la práctica este acuerdo logrado bajo la presión de la indignación de los productores, será todo un desafío, como consignó el integrante del Directorio en representación de los secaderos; reflexión que probablemente se queda corta, si se considera la problemática estructural subyacente. Nadie duda de que el acuerdo es un paso adelante, sin embargo no es más que el comienzo del ordenamiento profundo que requiere una cadena productiva con grandes desequilibrios; y en la que ni bien se disipa el factor presión, tiende a intensificar las tensiones internas. El consenso alcanzado, de cualquier modo, podría ser el inicio de una reestructuración virtuosa del andamiaje institucional y normativo que rodea al sector; e incide en la apropiación del ingreso. Hay que reconocer, no obstante, que hay un trayecto largo a recorrer entre el acuerdo formal, y su aplicación consecuente.
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