Sábado 25 de Noviembre del 2017

     




#Polémica

Organismo internacional expresó "preocupación" por el decreto migratorio firmado por Macri

20/03 15:37

En una reunión en Washington (Estados Unidos), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la norma esconde una intención de culpar a migrantes por "el aumento del delito".

          

La CIDH expresó "preocupación" por el decreto migratorio firmado por Macri

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes "fundada preocupación" por el decreto migratorio firmado por el presidente Mauricio Macri, en tanto que el Gobierno nacional rechazó intenciones "xenofóbicas" y aseguró que la Argentina es un país "de puertas abiertas" a los extranjeros.


Durante una audiencia convocada de oficio por la CIDH en Washington a partir de la modificación de la normativa migratoria en la Argentina, el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, advirtió que existe "fundada preocupación" por el hecho de que este tipo de medidas escondan una intención de culpar a migrantes por "aumento del delito".

Incluso, Eguiguren recordó que esa situación se debate en la actualidad "en el país que nos acoge", en referencia a los Estados Unidos.

A su vez, el director nacional de Migraciones, Horacio García, aseguró que la Argentina es un país de "puertas abiertas" y destacó que desde que el presidente Macri asumió se regularizó la situación de 250 mil extranjeros.

García asguró que la Argentina está en condiciones de recibir "40 millones" de inmigrantes y resaltó el "aporte positivo" de la inmigración.

El funcionario justificó el decreto que agiliza los plazos para la expulsión de inmigrantes que cometen delitos, al indicar que se requiren plazos "razonables" debido a que con anteiroridad "el trámite insumía entre 8 y 10 años".

Además, el organismo que encabeza García precisó que desde que se firmó el decreto, hay "dos personas" a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, pero que permanecen en libertad mientras se sustenta el proceso de expulsión.

A su vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que "no se trata de perseguir migrantes, la nacionalidad de quien delinque no" interesa en el proceso que se inicia, sino "la aplicación del Estado de derecho".

Avruj expresó un "fuerte rechazo a cualquier manifestación xenófoba" y defendió la intención de "mejorar los controles en las fronteras para evitar que personas en conflicto con la ley penal" ingresen al país.

En tanto, las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba y Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina reclamaron la "anulación" del decreto de necesidad y urgencia y denunciaron una situación de "racismo institucional".

Tras denunciar "medidas regresivas en materia de política migratoria", advirtieron que no se garantizan los derechos de quienes llegan al país.
También consideraron que para "los delitos más graves" la legislación ya preveía procedimientos de expulsión y que ahora cualquier "extranjero detenido" corre riesgo de ser deportado.

La "criminalización de la protesta social" en Jujuy
Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron este lunes ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en Washington una "criminalización de la protesta social" en Jujuy, en tanto que el gobierno de la provincia norteña rechazó las acusaciones y el Estado nacional ratificó su "compromiso" con los derechos humanos.

Durante la audiencia, las organizaciones peticionantes no mencionaron inicialmente el caso de Milagro Sala, pero denunciaron violaciones a los derechos humanos por la "criminalización" del "acampe" por el que, en diciembre pasado se acusó y detuvo a la líder de la agrupación Tupac Amaru.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a travése de su presidente, Horacio Verbitsky, denunció la "supresión de derechos políticos y sociales" a sectores que realizan protestas en Jujuy.

"En Jujuy no rige la Constitución nacional, rige la voluntad del gobernador de la provincia (Gerardo Morales) y ese es el núcleo del problema", remarcó Verbitsky.
El presidente del CELS señaló que "no se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general, no es con Milagro Sala; el gobierno (de Jujuy) ha intentado demonizar a una persona pero aquí vemos que es una situación general en Jujuy".

Verbitsky señaló que el Estado nacional y provincial utilizan "bellas palabras" de respeto a los derechos humanos pero que "en la práctica es otra cosa, en la práctica hay palos, gases, gendarmería dentro de las empresas".

"Nos denuncian y reprimen penalmente en las protestas", advirtió Rafael Vargas, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (SOEAIL).

El sindicalista subrayó que "en el último año se intensificaron las causas penales por las protestas" y subrayó: "Nos reprimen y criminalizan y nos persiguen judicialmente para disciplinar y condicionar al gremio que represento y a los otros sindicatos".

A su vez, Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que el gobierno de Jujuy "dictó un decreto por el que suspende la personería" de las organizaciones que realizaron un acampe en el centro jujeño.
"El gobierno de Jujuy detiene, encarcela y mantiene preso a los dirigentes que continúan con la protesta", remarcó el dirigente sindical.

En respuesta a las acusaciones, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en la provincia "está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse".

"En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social", afirmó Miranda, quien aseguró que durante 2016 hubo "1.191 manifestaciones" y que sólo se iniciaron "nueve causas" judiciales por protestas.

El funcionario justificó el inicio de causas en el caso de "el sitio de la plaza" principal jujeña, por el que se inició una causa contra Milagro Sala.

También justificó el inicio de casus judiciales por un corte de tránsito en la ruta 34, al indicar que en ese caso "no hay vías alternativas".

Miranda dijo que la quita de la personería jurídica para la organización Tupac Amaru "se está tramitando en sede judicial", en la máxima instancia provincial.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se refirió a "la vocación del gobierno y del estado argentino de colaborar con la Comisión Interamericana".

"El gobierno nacional trabaja permanentemente en relación con las provincias, en este caso con la de Jujuy, analizando todos los temas. Nosotros creemos que estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina", señaló Avruj.

Resaltó que hay "un compromiso manifestado por el presidente de la Nación (Mauricio Macri) de avanzar en una sociedad que se base en el respeto".

"No hay disociación entre lo que planteamos y el objetivo que queremos lograr, de una sociedad respetuosa de los derechos en el más amplio sentido", remarcó.

En ese marco, el comisionado para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Paulo Vannuchi, resaltó que hay "visiones casi opuestas" entre las partes y agradeció "que el nombre de Milagro Sala no fuera mencionado acá porque hay una tensión y una cautelar que están tramitándose".

Además, dijo que las denuncias por criminalización de la protesta social se concentran en Jujuy pero "no se habla en Córdoba, en la Patagonia, en Mendoza de los mismos temas".

Vannuchi planteó "impulsar una búsqueda de algo que pueda manifestar también el apoyo del Estado argentino en los temas de la llamada criminalización de protesta social".

Advirtió además que "muchas veces hay procedimientos judiciales fundamentados pero que también son utilizados con fines políticos" para criminalizar la protesta.

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