Tras un acuerdo sobre el que se informó oportunamente en esta misma columna, y en el marco de las repercusiones del “Yerbatazo”, se terminó de definir un aporte financiero del Ministerio de Agroindustria de la Nación destinado a los productores primarios. Según informaron desde el sector productivo, la manifestación con reparto de paquetes de yerba mate, en Buenos Aires, ayudó a conseguir que la Nación destine 1.500 millones de pesos al pago de los cheques a 90 y 120 días que reciben los productores por la entrega de hoja verde. Desde la Apam (Asociación de Productores Agrarios de Misiones) explicaron que el beneficio se canalizaría por medio del Banco Nación, pero “ hay que ver cuáles son los requisitos para el pequeño productor”. Lo importante, según rescató Cristian Klingbeil, vicepresidente de Apam, es que se volvió a asumir el compromiso de mayor fiscalización, “algo que se pedía de manera unánime de Afip, Rentas, Inym, porque hay negocios turbios que nadie frena”. Es que la compensación directa al productor ayuda a superar un momento crítico como el actual, pero no actúa sobre las prácticas irregulares en los pagos, ni aborda los reiterados incumplimientos de precios y los mecanismos de conservación de una fuerte disparidad entre los ingresos relativos que percibe cada eslabón de la cadena. Por ello, es preciso darle la razón al ministro Garay, quien dijo recientemente que “los problemas yerbateros deben decidirse en Misiones”, ámbito físico de aplicación de las medidas necesarias para sentar las bases de la transformación que requiere el sector. Hoy, la fase de sobreoferta de materia prima potencia la crisis por una parte, pero por la otra exige celeridad en la adopción de mecanismos de superación. Las alternativas de solución son conocidas y se han debatido por lo menos durante un cuarto de siglo. A nadie escapa que lo que falta es voluntad política para tomar decisiones. Y actuar en beneficio del sector y no de un eslabón particular de la cadena.
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