Luego de la recuperación democrática en el país, el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) abrió una etapa de investigación para establecer las responsabilidades de la Junta militar en crímenes contra la población civil entre 1976 y 1983.El juicio a los ex militares comenzó en forma oral y pública el 22 de abril de 1985 yconcluyó con la sentencia de la Cámara Federal en diciembre del mismo año. Los tenientes generales y ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el brigadier general Orlando Ramón Agosti y los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos.También fueron sentenciados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el brigadier general Basilio Lami Dozo y el almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil en el anterior proceso).Si bien esta experiencia de enjuiciamiento generó un precedente histórico no sólo para Argentina, sino también para Latinoamérica, donde las experiencias de los Golpes de Estado siempre hablan quedado impunes, ciertos sectores de la sociedad consideraron que las penas otorgadas eran insuficientes. Además, muchos acusados de menor rango habían quedado absueltos.Seguidamente, y para dar por concluido el capítulo correspondiente a los crímenes cometidos durante la dictadura, Alfonsín envía al Congreso el proyecto de ley que se conocería como de Punto Final y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986.Según esta ley, quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (hasta el 23/02/87). La Ley de Punto Final produjo el rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil y fue anulada por el Congreso Nacional en 2003. Esta derogación fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia, que la declaró inconstitucional, el 14 de junio de 2005.
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