Sufrir un asalto o robo y que alguien se lleve todos los bienes que con mucho esfuerzo se obtuvieron para bienestar propio o de una familia significa un duro golpe para cualquier persona. Cuando los dueños de lo ajeno atacan instituciones públicas, como son las escuelas, el golpe lo recibe la sociedad toda. Porque reparar daños y reponer lo sustraído por los malvivientes saldrá de las Rentas Generales que componen el pago de los impuestos en una provincia con enorme presión fiscal como es Misiones. O del aporte de los vecinos interesados en apoyar a las escuelas.En estos días, lamentablemente, una escuela posadeña llegó al récord de 70 robos en siete años, aun poniendo patrullajes, serenos, apoyo de la comunidad. En plena siesta, los ladrones ingresaron y no pudieron llegar a llevarse los aires acondicionados del nivel inicial.El sábado, fue el turno del Bachillerato 112 de Oberá, donde se llevaron las computadoras, otros dispositivos electrónicos y casi todas las herramientas de trabajo.¿Cómo es posible que se atente contra lo que más queremos para nosotros y nuestros hijos, sobrinos, nietos que es recibir educación en un lugar con todos los elementos necesarios para la formación? Evidentemente no todos piensan igual. Incluso aquellos que justifican con la crisis económica que haya personas que prefieran robar para su sustento.Por las leyes actuales, la falta de infraestructura y la interpretación de los jueces, aquellos delincuentes que cometen estos hechos no quedan detenidos a pesar incluso de sus largos prontuarios. Es más, en pocos casos se logra que los autores de los robos devuelvan lo sustraído a sus víctimas. En estas situaciones, terminan siendo las comunidades de las escuelas las que -con su aporte solidario- vuelven a poner en marcha los establecimientos. Una doble injusticia.
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