En una semana intensa, la atención de los argentinos se disputa entre frases y mandatarios extranjeros, dejando sin profundizar el estado del Estado nacional, que no muestra las mejoras que el ministro Nicolás Dujovne aseguró ver recientemente en nuestra economía y finanzas.Así, para algunos, impactó tanto el mal carácter de la “Ella” que quedará para la historia la frase “soy yo, Cristina, pelotudo”, producto de los audios que trascendieron entre la expresidenta y su hombre de confianza Oscar Parrilli; que llevaron a un fiscal a denunciar a CFK por los “carpetazos” de la exSide en sus años de esplendor kirchnerista.Otros están más preocupados por la política proteccionista de Donald Trump, por el proyectado muro con México; que con las definiciones de Mauricio Macri y los recientes decretazos. Es que el flamante mandatario norteamericano, apenas asumió, nos cerró la exportación de limones a su país que Barack Obama nos reabrió antes de irse.Pero, mientras ello ocurre, en el país pasan cosas, muchas cosas que debieran obtener toda la atención.Crece la deuda en dólaresLa gestión de Cambiemos elevó la deuda externa por encima de los 210.000 millones de dólares con las últimas emisiones. De los 101.870 millones de dólares de diciembre de 2015 (fecha en la que asumió el mandato), sumadas las deudas tomadas por las provincias, llegamos a los 143.600 millones de dólares (con bonos y letras del Tesoro).Los 41.700 millones de dólares más, significaron un incremento del 40,9% desde la salida del cepo cambiario, en moneda extranjera.El problema del déficit fiscal, la falta de inversiones que ingresen fondos a la Argentina, hacen pensar que 2017 puede ser otro año de incremento de la deuda si no se producen cambios que moderen la toma de deuda.Decretos que impactanTal vez los más mediatizados han sido los DNU por el cambio en los feriados (eliminando los puente), donde el 24 de Marzo quedó en medio de un fuerte debate entre organismos de derechos humanos y el Gobierno; como el que modifica la ley de ART, que cautivó un duro rechazo gremial que obligará a abrir una mesa de diálogo.Pero no se puede dejar de mencionar el cambio en el sistema de Migraciones dispuesto por otro decreto, que establece que no habrá que esperar que un extranjero tenga condena firme por un delito que cometa para ser expulsado o que se impida su ingreso al país. Y la expulsión implicará la prohibición para el reingreso al país por plazos que van desde los 8 años a perpetuidad.La medida abrió un primer frente externo con Bolivia por dichos de la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich. La aplicación e impacto, sin dudas, tocarán de cerca a Misiones por su posición geográfica y por tener -como quedó confirmado por las estadísticas de Migraciones- los dos pasos más importantes de ingreso y egreso de Argentina en Posadas e Iguazú, más que en el aeropuerto internacional de Ezeiza.Más allá de las fricciones declarativas, el país puede asumir una defensa de su política migratoria, especialmente con quienes permanecen en forma ilegal, o cometiendo delitos. Como lo hacen muchos otros países alrededor del planeta. Eso no significa discriminación. Otro tema que habrá que conservar, son los acuerdos pactados en alianzas como Mercosur o la Unasur siempre que Argentina decida permanecer en las mismas.Paritarias preocupantesLa Nación ha sido clara: no intervendrá en las discusiones de paritarias en las jurisdicciones provinciales. Un ejemplo ha sido no convocar a la paritaria docente. Por ello, movilizados por tratar de unificar posiciones, los gobernadores del PJ mantendrán encuentros para analizar hasta dónde pueden ceder a los pedidos de los gremios estatales.Es un año electoral, donde los sindicatos suelen ser aliados políticos de muchos gobernadores, deberán demostrar la cintura, muñeca y la cabeza política para evitar rupturas. Hay sectores como docentes, policías, administración central (sin olvidar los que cuentan con convenio laboral específico) que no están dispuestos a ceder nada.¿Y la feria de Misiones?Mientras el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano anticipó el debate para poner fin a la feria judicial federal, con fuerte oposición del gremio conducido por Julio Piumato, que agrupa a los no magistrados ni funcionarios; en Misiones, el expresidente del Colegio de Abogados, Rodrigo Bacigalupi como el actual titular del mismo organismo, Ernesto Báez, han adherido al cambio para dejar atrás 50 días de receso al año.En el Superior Tribunal están de vacaciones por lo cual, no apareció la opinión del presidente Froilán Zarza respecto a la movida nacional para extender el servicio de Justicia.“Es un privilegio inaceptable a esta altura del desarrollo que los trabajadores del Poder Judicial, que los ministros del STJ y empleados judiciales tengan en la provincia 50 días de vacaciones, y en el fuero federal 45 días al año. Cuando un trabajador del sector privado que paga sus impuestos para mantener el aparato estatal solo tiene quince días de vacaciones al año cuando tiene una antigüedad menor a cinco años”, dijo Ernesto Báez.“De los 365 días del año, a los trabajadores judiciales hay que descontarles 31 de feria de verano, 15 de feria de invierno, 16 feriados nacionales y dos provinciales; 84 días de fines de semana, y si sumamos las dos horas menos que integran su jornada laboral (de seis horas en vez de ocho, como el resto de los trabajadores) se acumulan otros 53 días menos. En definitiva prestan 143 días de débito laboral real, lo que representa una cifra descabellada en cualquier circunstancia y sistema laboral”, fue el cálculo de Rodrigo Bacigalupi.Modernización o privatizaciónLa municipalidad de Posadas esta detrás de un empresario privado que tenga interés por “ordenar” el sistema de estacionamiento medido de la capital misionera. Esta iniciativa se parece a una posible privatización y de movidas como la mencionada, la ciudad tiene como antecedente a “Estacionar”, la empresa que aplicó los cepos a los vehículos infractores que recaudó y muy bien, pero el tránsito en Posadas no mejoró.La principal preocupación es de los tarjeteros que ganan centavos por la venta de permisos para estacionar medidos y que ahora podrían quedarse sin fuente de trabajo.Desde la comuna se anticipó el llamado a licitación para tal fin y allí, con el escrito de la convocatoria, se podrá conocer en profundidad la real intención de la gestión renovadora posadeña.Nada cambió en el CeditSiete meses llevan los becarios del centro de investigación y desarrollo tecnológico de Misiones sin poder cobrar sus becas. Mientras a nivel nacional hubo una fuerte movida para evitar que los científicos vuelvan “a lavar platos”, en Misiones los dejaron más de medio año sin cobrar aunque debieron trabajar.El Cedit, que dirige Jorge Deschutter, es el organismo que el año pasado fue protagonista de un escándalo cuando aparecieron en las listas personas que ni tenían título de grado con lo cual no reunían condiciones para s
er investigador. Desde la provincia, se había prometido tomar cartas en el asunto desde el Ministerio de Educación, cuestión que no ocurrió, para transparentar el manejo de un lugar trascendental para la innovación científica y tecnológica de los misioneros.Lo que tampoco cambió fue la realidad de la economía de los becarios que trabajaron esos siete meses pero no los pudieron cobrar aun.Las usurpaciones y la políticaEn Eldorado tomaron un predio gremial. En Los Helechos fue sobre un grupo de viviendas que una cooperativa no terminó. En Jardín América, advierten que corren el mismo riesgo casas terminadas hace dos años que no se entregan.El problema habitacional y los “vivos” de siempre, ponen en jaque el sistema, perjudicando a los que fueron “por derecha” a pagar una cuota de una vivienda que ahora otros (bajo la pasividad del Estado, especialmente la Justicia) ocuparon sin trámites y hasta exigen que se les bajen servicios como agua y luz.Detrás de maniobras como las mencionadas al inicio, se ve una mano de la política. Porque hay candidatos que prometen casas y luego se ven desbordados. Los intendentes que reciben fondos para hacer viviendas y derivan la plata a otras acciones. Hay cooperativas vinculadas al poder que no terminan las obras y nadie las sanciona ni las intima. Pero siempre, en el medio de esas acciones, hay damnificados que actuan en su buena fe, se ven perjudicados con la esperanza de un techo digno y propio. Sin embargo son los que siempre deben esperar: por no tener un “amigo” en el poder o por los “vivos” que se hacen de la propiedad ajena. Y un Estado que no da respuestas ni a unos ni a otros.
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