El Gobierno nacional está decidido a avanzar pese a las reconocidas dificultades que ofrece el tema, que no se ha podido abordar desde 1994, cuando la reforma constitucional de ese año ordenó una pronta modificación de la legislación para 1996, sin un efecto concreto desde entonces. Los gobernadores ya fueron convocados por la Nación a Buenos Aires para comenzar las negociaciones por la nueva ley el 14 del mes próximo, oportunidad en que se analizarán cuestiones técnicas y no políticas, según expresó Frigerio; quien destacó que igualmente con este encuentro “empezamos una discusión que seguro va a ser larga”.También va a ser difícil de lograr, si se apunta a un resultado equitativo; cuando las perspectivas de diálogo no son las mejores, considerando el año electoral, y partiendo de que las condiciones para una modificación del esquema de coparticipación suponen la preexistencia de una arquitectura política de excepción. La desordenada y regresiva estructura de impuestos del país, que necesita una urgente revisión desde hace años, tampoco ayuda a ser optimistas. Es que si en esta legislación clave para la economía de las provincias, el aspecto técnico es arduo ya en la misma definición de la “torta” coparticipable, y en el cumplimiento de la promesa central del federalismo fiscal (lograr un esquema de reparto que no sea funcional a las brechas de desarrollo internas); lo más arduo es el consenso político. La reforma de 1994, recuérdese, requirió de un Pacto de Olivos en el contexto de un todavía sólido bipartidismo. Y aún así, se tuvo que posponer el tratamiento de la modificación de la ley que, 23 años después, hoy se pretende abordar en un fragmentado escenario político-electoral.
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