Señora Directora: Leía con detenimiento la carta del Sr. Andrés G. Romero en la que sostiene que en la fijación del nuevo precio de la tarifa del sistema integrado de transporte metropolitano misionero debería respetarse la suba inflacionaria de 2016 que rondó el 40%, –según las distintas estimaciones conocidas y la más alta desde 1991- y no concederse un porcentual mayor a ese índice. Una variación muy inferior a la que señalan las versiones será finalmente lo que se establezca y que sería mayor al 100% del valor actual de la tarifa de $7,25 (entre 120% y 150%). De por sí muy lejos de los $23 (217% de la tarifa vigente) reclamado por la empresa que concentra la prestación en ese servicio público que abarca Posadas, Garupá y Candelaria. Y estos valores sólo hablan del pasaje único dentro de la primera de esas tres ciudades, suponiendo que los otros dos destinos y los demás pasajes especiales se ajustarían a esa proporción.A primera vista, la propuesta del Sr. Romero parece atendible y justa, pero no opino lo mismo. Creo que en ese cálculo se ignora un factor que daría mayor justicia y equidad a cualquier aumento tarifario, y que es el poder adquisitivo de los salarios que el año pasado sufrieron una importante quita, sobre todo en aquellos sectores con menor capacidad de compra como empleados públicos, docentes y otros trabajadores de firmas privadas y entes estatales.Aunque habría que hacer la salvedad –y no tomar como ejemplo- la abusiva, injustificada e injusta decisión del Gobierno nacional de aplicar –y sigue haciéndolo- incrementos tarifarios que dejaron muy por debajo cualquier estimación inflacionaria. Lo que en este caso no creo se debiera dar –ni sería aceptable- en razón de los múltiples subsidios y auxilios que recibe la (o las) empresa operadora del transporte público que suman millones y eliminan riesgos como los que están padeciendo numerosas pequeñas y medianas empresas de la región y el país. Espero y confío que en este servicio público tan esencial para el traslado de quienes pertenecen a los sectores menos favorecidos económicamente, el gobierno local no se sume a esa política redistributiva que en estos últimos trece meses lo único que ha hecho es apuntar a una mayor concentración de la riqueza en pocas manos a costa de un incremento de la pobreza y de la marginación social. Una ideología que muchos creíamos superada tras los estallidos sociales de diciembre de 2001 y el periodo de crecimiento devenido tras aquellos.Y vaya una digresión para las autoridades municipales del área metropolitana misionera. Podrían rescatarse las distintas iniciativas que tuvieron auge allá por 2005 (y años posteriores) de trazar finalmente múltiples bicisendas o ciclovías para facilitar que muchos trabajadores y ciclistas puedan desplazarse sin riesgo por ellas para trasladarse dentro de la ciudad (y entre éstas), a un costo muy inferior de lo que significa el uso del transporte urbano de pasajeros, además de ser beneficioso para una buena salud.
Discussion about this post