El anuncio de la intención del Gobierno nacional de reformar la ley penal juvenil generó un debate informal en el Congreso, donde un sector de la oposición pidió que se llame a extraordinarias el mes próximo para dar tratamiento a la propuesta, todavía no explicada, salvo en la intención de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en delitos cometidos por jóvenes. En una comunicación difundida el jueves, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se pronunció por dar lugar al debate del proyecto oficial, pero formuló una severa advertencia al señalar que el mismo “no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”.Los obispos cuestionaron que se intente convertir a los chicos infractores a la ley penal en “enemigos sociales”, una interpretación que no es exclusiva de la Iglesia, pero que al venir de una institución particularmente comprometida con la problemática social, y con fuerte inserción en los sectores sociales más vulnerables, implica una señal que no conviene desoír. La intención de estigmatizar a los jovenes de los sectores más carenciados de la sociedad en respuesta a casos de fuerte repercusión mediática, pero sin aportar datos certeros de la incidencia del delito juvenil en el contexto general, instala una visión reduccionista de una problemática de indudable complejidad. Los obispos reclamaron, razonablemente, que antes de endurecer las medidas punitivas, “se garantice el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. No dejaron pasar, además, la incongruencia entre este proyecto punitorio y el espíritu del pedido de Emergencia Nacional en Adicciones “Ni un pibe menos por la droga” que hizo la CEA?en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre. Hasta ahora sólo formalmente.
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