La declaración del estado de alerta con quite de colaboración que lanzaron el viernes pasado los empleados de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa), y que se empezó a aplicar ayer a primera hora, por lo que ya fue causa de la alteración del servicio en San Javier, y eventualmente otras localidades del interior, no llega en buen momento.El reclamo es justo, dado que la prestataria acumuló una deuda salarial importante, unida a incumplimientos del Convenio Colectivo que rige en la empresa, cuyos trabajadores están afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza, un gremio que tradicionalmente participó de hecho en la conducción de la concesionaria. Lo que es justo desde el punto de vista de los operarios, empero, no lo es mirando las necesidades de la sociedad en general, a pesar de que la modalidad del reclamo garantiza guardias reducidas que priorizan la atención de las emergencias en centros de salud, fuerzas de seguridad y organismos del Estado.Al filo de las fiestas de fin de año y en un marco de clima inestable , muchos misioneros se podrían ver perjudicados, ya que no contarán con las guardias de reclamo a disposición de los clientes fuera del horario matutino y vespertino hasta tanto se resuelva el conflicto laboral. A la conflictividad en la relación de la empresa con sus empleados, en tanto, se agregan las demandas insatisfechas de usuarios y de la sociedad en general por el costo tarifario, elevado en general por un componente de “costo político” que desde hace décadas caracteriza a este servicio esencial. La continuidad de un presidente del Directorio, Sergio “Pity” Ferreyra, que también ha sido objeto de severos cuestionamientos, y que se encuentra muy identificado con la tradicional política de priorizar el compromiso, generando notorios desmanejos, simboliza todo un estado de cosas que no se debería seguir manteniendo sin más. Alguna vez se tendrá que dar paso a una recomposición de fondo de una empresa que es de todos misioneros.
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