Señora Directora: Lo que de vez en cuando leo del Concejo Deliberante posadeño es siempre preocupante, como para replantearse toda esa realidad donde, a prima facie, aparece como excesivo el gasto en un régimen de “bolsillos rotos” al que las actuales autoridades no quieren poner límite. Se quejan y rebuznan por lo recibido, pero nada hacen para reducir ese número exorbitante de empleados y que cumplen tareas fuera de él.A ese desquicio, ahora se sumaría otro: la diferencia en un asiento sobrevaluado sobre esos empleados entre lo que los propios concejales dicen se aprobó en el recinto y lo que se publica en el Boletín Municipal. Una clara adulteración de documento público, ahora evidenciada y que requiere, a riesgo de complicidad, la denuncia inmediata de todo funcionario público que tenga evidencias de su sospecha. Algo que ya debió haber ocurrido al día siguiente en que se advirtió sobre la aparente gravísima falta de la anterior titular del Deliberativo, Maggie Solari (FRC), de enviar para su publicación obligatoria un texto diferente al que votó el cuerpo.Es un delito al que le corresponde prisión e inhabilitación a perpetuidad. De no haber denuncia, la Justicia debiera actuar de oficio inculpando también a quienes, conociéndolo, no cumplieron con su obligación de hacerla.
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