Las discrepancias entre oficialismo y oposición sobre las estimaciones presupuestarias previstas para 2017 en el Concejo Deliberante de Posadas dejó en evidencia una llamativa diferencia en cuanto al número de personal de planta autorizado para este año en el presupuesto vigente al relacionar el texto del dictamen de Comisión sancionado el 1 de diciembre de 2015 y el de esa ordenanza publicada en el Boletín Oficial Municipal dos semanas después.Podría configurar una alteración de un documento público, cuya responsabilidad recaería sobre la entonces titular del Concejo, la renovadora Magdalena Solari, quien habría dispuesto el cambio de números entre lo sancionado y lo publicado luego.Quedó evidente cuando el camionero Alejandro Velázquez –que explicaba las estimaciones para el próximo año- señaló que en 2015 se había aprobado una planta permanente de 550 empleados, pero al asumir, en diciembre de ese año se encontró con que eran más: 731; y fue desmentido por su par renovador Manuel Sánchez que exhibió el Boletín Municipal que publicaba esa ordenanza que señalaba otra cifra diferente: 741 empleados.La discrepancia que generó comentarios adversos entre unos y otros, quedó confirmada cuando el renovador Santiago Enríquez, entonces presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que elaboró el dictamen aprobado para 2016, señaló que la primera de las cifras era la contenida en el documento que sancionó el plenario.Motivó a que Velázquez invitara a Enríquez y a Sánchez a suscribir una denuncia penal para que la Justicia investigue una probable adulteración de documento público que el primero responsabilizó a las amplias facultades especiales sobre el presupuesto con que contaba la anterior titular del cuerpo, Magdalena Solari, que suscribe la ordenanza presupuestaria de este año.
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