Señora Directora: El 6 de noviembre de 2003 se sancionó la Ley 4.001, la cual establecía que el Instituto de Previsión Social de Misiones (Ipsm) no podría disponer la venta o explotación de productos y/o frutos naturales o industriales, de bienes inmuebles de su propiedad sin el previo acuerdo de la Cámara de Representantes. La norma se apoyaba en el diagnóstico de hechos de público conocimiento que evidenciaban el desmantelamiento de bienes del Ipsm y en protección del capital del Instituto a futuro.Sin embargo, el gobernador del momento vetó totalmente a esta Ley 4.001 de tutela de bienes del organismo administrador del seguro social por Decreto 1.670/03. Fundamentos de ese veto total invocaban en sus considerandos: a) la autarquía administrativa y económica del organismo; b) su sometimiento al Tribunal de Cuentas de la Provincia; c) responsabilidad de directivos por sus decisiones; d) el entorpecimiento del accionar autárquico con la intervención de la conformidad de la Cámara; e) el Poder Ejecutivo (PE) en representación del Instituto no compartía la normativa sancionada en tanto contraria a todo principio jurídico de autonomía de entidades autárquicas.La Ley 4.001, vetada, no era desatinada en sus premoniciones pesimistas. Tampoco parecía desatinado el decreto 1.670/03, al menos en la letra que preservaba agilidad de gestión y autarquía al Ipsm. Pero que se reservaba, en la práctica y exclusivamente, mediante decretos, por un lado, o instrucciones directas, por otro, dirigir o controlar desde el PE la autonomía de la autarquía gestionada por sus representantes del Ipsm.Resultando una limitación contraria a los declamados principios jurídicos de autonomía de entidades autárquicas (claro oxímoron de autonomía heterónoma). Resultando también en corresponsabilidad direccional de hechos, fueren positivos o negativos.En la práctica además vemos que a los directores del Instituto se les preserva agilidad para algunas cosas. Y lentitud para otras.Y así van las cosas. Por ejemplo: los supuestos ágiles directores del Instituto devienen en lentos e inoperantes para reclamar en tiempo y forma los aportes y contribuciones que el PE evade mensualmente en montos millonarios (hoy en 200 millones de pesos mensuales no transferidos desde Tesorería General de la Provincia), alegando que perdieron autarquía de gestión por culpa de otro decreto fantasma que no pueden mostrar porque no existe. Lentitud que perjudica al Ipsm, su capital y prestaciones.Sin embargo, efectivos hicieron uso efectivo de la agilidad preservada por el Decreto 1.670/03 en situaciones de sumo interés económico para terceros y perjudicial para el Instituto, entre muchas otras causas, sin objeciones visibles del Tribunal de Cuentas y sin que muestren la cara los responsables ante la sociedad para cuanto menos intentar explicar los supuestos beneficios para el Ipsm, compensatorios por la clara ventaja comercial de terceros beneficiarios, en área turística específicamente, adquiriendo real y potencialmente bienes institucionales a precios viles, amparados en el sigilo de quienes los favorecieron.Un caso es el que el domingo pasado fue nota de PRIMERA EDICIÓN (2 de octubre de 2016). Un leasing (arrendamiento con opción de compra) desautorizado expresamente por el Decreto 651/13, pero llevado adelante según los reclamos de los arrendatarios del hotel de Iguazú, propiedad del Ipsm (hoy Panoramic). Amplia nota publicada que nos exime de descripciones del caso. Pero queremos saber qué gobernador tuvo intervención en el negocio del leasing del Panoramiic. Y que asuma y deslinde responsabilidades.Hoy nos preocupan los quinientos lotes desparramados en la provincia que fueron entregados al Ipsm por los municipios que saldaron deudas transfiriendo terrenos. Nos debe preocupar especialmente el hotel de Bolívar y Junín, que debe retornar a los afiliados. Queremos saber sobre un terreno del Ipsm (sobre avenida Tres Fronteras, lote A-3, poligonal, de una hectárea de superficie) que se enajenó del Instituto sin publicidades ni explicaciones sobre la venta para el Ipsm y que en estos días sería propiedad de un pariente del último exgobernador.Deben deslindarse responsabilidades de los funcionarios por sus decisiones. Que aparezcan, entonces. Espontáneamente, mejor. Por en tanto, el actual gobernador ordenó evitar la venta del hotel en Iguazú. Esperada y correcta decisión. Prueba de que se metió la pata antes. Prueba de que el Ejecutivo es direccional en estas cuestiones y que hay funcionarios del poder corresponsables con los del Ipsm en materia cocinada hace diez años.
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