La relación de la presión sindical con la propuesta gradualista del Gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri, y que se consensuó con los gobernadores, es un dato evidente, como también es visible que el carácter gradual de la medida refleja la dificultad objetiva que encuentra el Gobierno para hacer realidad una de sus más promocionadas promesas electorales.En un encuentro con la cúpula de la CGT (Confederación General del Trabajo), que el Gobierno nacional buscó para convencer a los sindicalistas de que abandonen la idea del paro, el Ejecutivo nacional puso en la mesa de negociaciones el apoyo obtenido previamente de los gobernadores a su proyecto de ley de modificación gradual de las escalas. “Acordamos con los gobernadores que van a apoyar en el Congreso el proyecto que no les genere a las provincias un costo fiscal superior a 27.000 millones”, sintetizó el martes un alto funcionario del Gobierno que acompañó a los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Rogelio Frigerio (Interior) en su encuentro con ministros y secretarios de Hacienda de las 24 provincias.La reunión con los funcionarios provinciales le sirvió al Gobierno para ganar oxígeno en su carrera por frenar el paro sindical y dilatar la modificación del impuesto, apuntando a que una mejor situación económico-financiera le permita luego avanzar en la medida. El límite objetivo, que enfrenta el Gobierno nacional, en un momento en que los recursos provinciales no están en un nivel óptimo, es garantizar que la modificación de las alícuotas no cause un tembladeral en la relación Nación-Provincias, algo no deseable de cara a un año electoral.
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