La Anses Central con sede en Buenos Aires decidió suspender el cobro de jubilaciones y pensiones no contributivas a unos 200 ciudadanos brasileños con residencia supuesta en localidades del Alto Uruguay misionero, hecho que revelaría la otra cara de los informes periodísticos que dieron cuenta de la existencia de paraguayos que cobran pensiones truchas en Misiones. Es que en todos lados se cuecen habas, también en las ciudades y pueblos fronterizos con el gigante Brasil, al que se llega con el simple “trámite” de contratar un baqueano que cruce el río en “caíco” en apenas quince minutos. Los doscientos brasileños que en estos momentos no pueden cobrar sus beneficios tienen un lapso de tiempo determinado para presentarse en la Unidad de Atención Integral (Udai) de la Anses en Oberá. Deberán demostrar que realmente viven en la provincia, tal como lo declararon al iniciar el trámite de radicación que le posibilitó acceder a otros beneficios sociales. Para ello deberán presentar alguna de las acreditaciones que le exige la dependencia nacional a la hora de verificar si no se trata de un beneficiario “trucho” que haya falseado sus datos de residencia. “Por ejemplo, un contrato de alquiler, servicios a su nombre, partida de nacimiento de los hijos con domicilio en la provincia” detalló el abogado Silvio Contreras, a cargo de la delegación obereña que controla territorialmente a toda la Zona Centro, incluidas las localidades costeras ubicadas entre El Soberbio y San Javier. El control cruzado que realiza la dependencia nacional en su sede central fue el que determinó incongruencias en los datos de estos 200 beneficiarios, por los que ahora se les exige validación para que sigan cobrando en el futuro. “La sede central es la que realiza el control y la verificación y simplemente nos informa para que localicemos al beneficiario. En Buenos Aires se comparan datos con organismos como Migraciones. Cuando se decide la suspensión nos notifican y luego recibimos la documentación en el caso de que el beneficiario pueda acreditar que realmente vive en la provincia”, explicó Contreras, quien ya contabilizó varios casos de personas que no se presentan al llamado, con lo que se presupone que efectivamente “viven del otro lado”. En el caso de que pase el período de tiempo para la validación y acreditación del domicilio, de la propia discapacidad o del estado de necesidad, el beneficio se da de baja definitivamente y se inicia el trámite de recupero, primero administrativo y después judicial.Los “mantenidos” del intendente Pero en Misiones no sólo hay beneficiarios “truchos” de origen extranjero. De hecho, en los organismos de control desconfían que el mayor fraude al Estado se registra con ciudadanos misioneros que tienen pensiones no contributivas nacionales tramitadas por una Municipalidad determinada, pero que viven realmente en otro municipio y sólo se trasladan a la hora de votar. Fuentes que se encuentran investigando esta última posibilidad registraron algunos casos paradigmáticos. En Los Helechos, por ejemplo, hay grupos de hasta treinta beneficiarios de pensiones que aparecen con un mismo domicilio en un lote determinado en el que literalmente “no hay nada”, pero que estarían viviendo realmente en un municipio vecino. Hay otros beneficiarios que aparecen domiciliados en la casa de un intendente, por ejemplo. En Caá Yarí los vecinos denunciaron que dentro del pueblo no hay más de cien votantes, pero en cada elección viene gente que vive en municipios cercanos y parajes de Oberá, de Leandro N. Alem o Mártires, “gente muy humilde a la que el intendente Ernesto Juan Fiedrich les gestionó planes y pensiones de discapacidad”, lo que le posibilitaría al alcalde mantenerse en el poder desde hace 24 años. Parece exagerado el dato ya que no es fácil imaginar que una elección pueda definirse por estos métodos, pero en el marco de la Ley de Lemas, cincuenta o cien votos cautivos hacen la diferencia. En San Javier, la Anses detectó una “oficina trucha” en la que se tramitaba un promedio de cien beneficios por mes, de acuerdo a la cantidad de documentación secuestrada. Según las primeras investigaciones, cada trámite tenía un costo promedio de 800 pesos iniciales, pese a que el cobro está prohibido. Isabel Pirez Da Silva, la supuesta gestora de esta oficina, sostuvo que tenía el aval de la Municipalidad, y para demostrarlo exhibió una nota con la firma del exintendente Rubén De Lima Natividade remitida en julio de 2015 al entonces jefe de la Udai de Oberá. La misma nota fue suscrita en mayo por Enio Lemes, al actual alcalde, pero esta vez no llegó a ser mandada a la Anses. Una herramienta manipulada Corría el mes de octubre de 2015 y la campaña electoral en los municipios estaba en su apogeo. En ese marco y rompiendo los estrictos códigos de silencio del poder, el intendente de 25 de Mayo, Omar Pedro Wdowin, denunció que unas doscientas personas habrían sido “burladas en su buena fe” al tramitar pensiones nacionales por invalidez que jamás habrían ingresado al sistema y para las cuales pagaron hasta 1.400 pesos cada uno. El actual alcalde apuntó al entonces jefe comunal del pueblo vecino, Nelson Carvalho, intendente de Alba Posse. Lo acusó de haber montado una Municipalidad “paralela” “para engañar a la gente a cambio de votos”. Carvalho había sacado licencia en su cargo de intendente para competir en la comuna de al lado por el mismo cargo, y para ello montó la “oficina de pensiones” que a la vez, según Wdowin, era búnker de campaña. “La gente pagaría 800 pesos para hacer el trámite de la pensión y abonarle al traumatólogo que lleva Carvalho para hacerles el informe, y otros 300 para que les completen los formularios, es decir que terminarían pagando entre 1.200 a 1.400 pesos. Estos trámites en realidad son gratuitos y se hacen a través de Salud Pública. Después vienen a la Municipalidad a averiguar cómo va su beneficio y resulta que ni siquiera están ingresados los datos al sistema, es decir que no existen”, denunció Wdowin a PRIMERA EDICIÓN.Las elecciones finalmente llegaron y pasaron y Nelson Carvalho perdió en 25 de Mayo, pero logró asegurar su supremacía en Alba Posse colocando a su hijo Celso en la intendencia. Pero no terminó allí la historia trágica de las pensiones manipuladas. Poco después de conocidos los resultados, vecinos de barrios humildes de Oberá denunciaron que los dejaron literalmente “de a pie” en Alba Posse. Según relataron, personas que supuestamente trabajaban para la Municipalidad de los Carvalho les propuso tramitarles pensiones no contributivas y para ello, les exigió el cambio de domicilio a la localidad costera. El día de las elecciones los fueron a buscar en un colectivo para llevarlos a votar, todo según el relato, pero el cambio de domicilio no había impactado en el padrón. Ni siquiera los llevaron de vuelta a sus humildes barrios obereños, según de
nunciaron. Muchos en la familia de la intendentaLos casos de gestores truchos representarían una estafa lisa y llana al sistema previsional, pero hay otros casos que serían más graves por involucrar a funcionarios públicos que benefician a su entorno más cercano con el cobro mensual de pensiones que no les corresponderían, quitándole la posibilidad a verdaderos discapacitados. El año pasado se hizo público un escándalo en Santo Pipó, donde se habrían detectado 48 beneficiarios “truchos” de pensiones no contributivas, todos parientes y allegados de la entonces intendenta, Mabel Cáceres, según la denuncia penal radicada ante la Fiscalía Federal de Oberá por parte del diputado radical Gustavo González. El legislador confirmó que la Justicia está avanzando en la investigación y que ya tiene un grueso expediente conformado en base a documentación e informes solicitados por la Fiscalía. Estos informes incluyen contestaciones de la Anses, de la Comisión Nacional de Pensiones y hasta declaraciones testimoniales de trabajadores sociales y otros exdependientes de la Municipalidad que habrían conocido de cerca la maniobra. “No se puede anticipar el resultado final de la investigación penal, pero todo hace prever que sería muy complicada la situación de la jefa comunal en este caso”, señalaron las fuentes. Una situación parecida se descubrió en el 2013 en Candelaria, y la denuncia penal apuntó al entonces intendente Carlos Flores. Sin embargo, con el paso de los meses sólo quedaron imputados dos trabajadores del hospital que habrían falsificado las firmas de un médico para facilitar la tramitación fraudulenta. En El Soberbio revisarán caso por casoLa Municipalidad de El Soberbio está dispuesta a ayudar a los beneficiarios de pensiones que fueron suspendidas en las últimas semanas, ya que según cree el intendente, hay casos que no reflejan irregularidades sino un supuesto cambio en las condiciones económicas del beneficiario, que “por ahí en los últimos tiempos se pudo comprar una motito y ya tenía otra, y aparece como si no necesitara la pensión”, según cree el intendente, Roque Soboczinski. Para ello, la Comuna contrató a una profesional de Trabajo Social que comenzó a trabajar la semana pasada revisando carpetas y tratando de localizar a los afectados para orientarlos en la recuperación del beneficio caído. Respecto de que alguno sea brasileño y realmente no viva en El Soberbio, dijo que no puede asegurarlo. “Hay muchos que tienen documento de ambos lados y somos más de 45 mil habitantes en esta localidad, cuesta saber quien es quien”. Cuartos en la tablaEn Misiones, unos 80 mil ciudadanos cobran mensualmente alguna de las pensiones no contributivas existentes, el 80% de ellos por invalidez. La cifra nos ubica cuartos en la tabla de mayor cantidad de beneficiarios de las prestaciones económicas otorgadas por el Estado a ciudadanos con especial grado de desprotección o situación de necesidad (sólo por debajo de Chacho, Formosa y Provincia de Buenos Aires), y a la vez expresa los altos niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y clientelismo que caracterizan a nuestra provincia. Los titulares de estas pensiones, casi siempre tramitadas desde los municipios, no sólo son atendidos económicamente ante la situación de vulnerabilidad en la que viven, sino que también suelen ser utilizados para la propaganda estatal y hasta para la estafa electoral. No por nada, antes de las elecciones se realizan actos masivos para la “entrega de pensiones” en los distintos municipios y no por nada, el mismo día de la votación se produce el fenómeno del traslado de votantes dentro del municipio, de un municipio a otro, y hasta de un país vecino al nuestro. Un drama recurrente y repetidoEn 2011, en San Vicente detuvieron a un tal “doctor Fuentes”, un hombre que se hacía pasar por abogado y que habría iniciado decenas de trámites de pensiones no contributivas para humildes colonos que le pagaron un monto inicial de 800 pesos cada uno, todos entusiasmados con los supuestos vínculos del pseudoprofesional con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que entonces estaba en manos de Alicia Kirchner. El “gestor” fue detenido en picada Maderil cuando lo agarraron infraganti repartiendo certificados médicos falsos para acreditar la discapacidad a cambio de los referidos pagos. En su poder tenía 60 fotocopias de formularios médicos, carpetas con informes y certificados de domicilio.
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