La decisión, que anunció el presidente Mauricio Macri, de asumir de una vez el pago en los casos firmes, que en los últimos años se supeditaban a las condiciones que ponía la Anses, e incluso incorporar también a quienes no tienen sentencia firme o no utilizaron la vía judicial, pero les corresponde el cobro, representa una señal de compromiso con la ley y el reconocimiento de derechos. La iniciativa se completó con el lanzamiento de una Pensión Universal a la Vejez para los que nunca aportaron y la apertura de un blanqueo de capitales no declarados de argentinos en el exterior, del cual se espera conseguir fondos para pagar a los jubilados, además de otros fines como el financiamiento del Plan Belgrano. El costo fiscal de las medidas anunciadas se estima en 75 mil millones de pesos por año, suma que será solventada de dos fuentes principales, según expresó el Presidente: “Para poder pagar todas las deudas con los jubilados queremos cobrarle un impuesto a los que más tienen, a los que han evadido impuestos en los últimos años, que junto con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, con esas dos vertientes, vamos a tener los fondos que nos permitan cumplir con las cosas que hemos dicho”. Las medidas cuentan, por el momento, con una visión positiva en el Congreso Nacional, habida cuenta de que se exhibe voluntad para enfrentar un compromiso ineludible del Estado hasta hoy no resuelto. Quedará por verse en las próximas semanas, en la letra chica del proyecto, si el financiamiento propuesto se basa en criterios razonables y sostenibles. La extensión del blanqueo de capitales no declarados a funcionarios y exfuncionarios, en tanto, se corresponde con el espíritu ético que se invoca en la medida.
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