Reza un conocido adagio popular -viejo aunque no menos sabio-, que “la Justicia lenta no es justicia”. Y si esa falta de celeridad, que muta y se transforma en ineficacia, proviene de quienes deberían bregar por un óptimo servicio en la administración de ese derecho, la situación se vuelve dos veces indignante.Un caso paradigmático es el del albañil Carlos Raúl Guirula, no sólo por la alevosía de una muerte injusta sino por quiénes la perpetraron: aquellos que, justamente, deberían garantizar la vida.La causa, que se inició con la muerte del trabajador de la construcción en la madrugada del 19 de julio de 2014, duerme hace seis meses en el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) con un recurso extraordinario de la defensa de la oficial Lourdes Tabárez pidiendo su excarcelación o, subsidiariamente, el arresto domiciliario.El dato no es menor. La indecisión del máximo órgano judicial de la provincia atenta directamente contra el avance de la causa que, a esta altura de los acontecimientos, debería contar con el auto de elevación a juicio oral y público.El juez de Instrucción 1 de Posadas, Marcelo Cardozo, había rechazado ese beneficio para Tabárez apoyándose en que la oficial podría profugarse si recuperara la libertad.Una posición similar adoptó la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Correccional, lo que hizo que el recurso fuera a parar al STJ.No es la primera vez que el Superior demora una causa penal de enorme trascendencia. Innumerables son los casos. Basta citar el de Marilyn Bárbaro, en que se tomó seis años para sobreseer de culpa y cargo a tres sospechosos.Pero nada pareciera cambiar. La necesidad de un especialista en derecho Penal en el STJ pareciera no haber llegado a los oídos del gobernador, que se inclinó hacia dos candidatos que no son del fuero para cubrir las dos vacantes en ese Alto Cuerpo.Guirula murió el 19 de julio de 2014. Lo arrestaron en un motel de Andresito y Santa Catalina, donde protagonizó un incidente.Nueve policías están detenidos, acusados intervenir, por acción u omisión, en el homicidio del trabajador de la construcción.Para tener una idea de la salvaje agresión hay que mencionar algunas de las lesiones que padeció la víctima: nueve costillas rotas, hemotórax, aplastamiento de tórax y traumatismo de cráneo.Hay cinco policías seriamente comprometidos, acusados del delito de “tortura seguida de muerte”; que podría conducirlos a una sentencia a prisión perpetua. "Tortura seguida de muerte" y "omisiones"Finalmente son nueve los policías que deberán brindar explicaciones a la Justicia en audiencias de debate oral y público por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula, con distintos grados de responsabilidad en el lamentable episodio criminal.En un principio eran once, pero la Justicia sobreseyó a dos sospechosos de “encubrimiento”. Eran los que estaban en la guardia de la comisaría seccional Decimotercera la noche del homicidio, dependencia a la que Guirula habría llegado sin vida después de ser arrestado en un motel ubicado en la esquina de las avenidas Andresito y Santa Catalina.Los uniformados más comprometidos en la investigación son los que tuvieran directa intervención en el procedimiento.Son Lourdes Tabárez, la oficial que comandaba el operativo; el sargento Claudio Marcelo Servián, el cabo Ricardo Rafael Escobar, el casbo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa y el agente Carlos Alberto Da Silva.Estas personas están imputadas por “tortura seguida de muerte”.Los otros acusados son: el agente Jorge Orlando Barrios (omisión funcional de denunciar torturas); el agente Jorge Marcelo Bogado (omisión funcional de denunciar torturas); y el cabo primero Sergio Damián Recalde (omisión funcional de denunciar torturas).Fueron sobreseídos el oficial subayudante Javier Olmedo y el suboficial mayor José Velozo, por encubrimiento.
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