Quisieron que la “fiesta” siga hasta el final, pero no resultó. El exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas, también se llevó un suculento monto a modo de “resarcimiento por retiro” antes de dejar su cargo tras el cambio de gobierno a nivel nacional, pero la semana pasada se vio obligado a devolverlo. Al igual que los cuatro integrantes del Consejo de Administración de la EBY por Argentina, el misionero Thomas se “autopagó” cuatro millones trescientos mil pesos como “premio” por los servicios prestados en el cargo político que ocupó durante doce años. Pese a la gravedad institucional de este cuestionable último acto, el dato no había trascendido hasta hoy. PRIMERA EDICIÓN logró confirmar oficialmente esta maniobra a través del Departamento Jurídico de la Entidad, cuyo titular, Alejandro Tonelli, relató los pormenores del autopago y su devolución.El letrado refirió que, siendo todavía Director Ejecutivo, Thomas autorizó un depósito de $4.300.000 con destino a propias sus cuentas y efectivamente se apropió de ese dinero apenas dejó el cargo. El escándalo saltó a principios de febrero cuando se hizo público un cobro similar por parte de los consejeros, pero su nombre se mantenía entonces en reserva. Llamativamente sólo se supo que Thomas también cobró recién cuando decidió la devolución del millonario monto, que se llevó a cabo en la primera semana de marzo. Junto con Thomas, también se vio obligado a devolver la “indemnización” el exconsejero Daniel Muguerza. Todavía resta que realicen la devolución los otros tres funcionarios que integraron el cuerpo: Mirta Susana Monti, Jorge Antonio Romero y Raúl María Noceti. La maniobraLos consejeros y el propio Thomas aprobaron la Resolución Nº 3239/12 por la cual se estableció una “indemnización por retiro” para los funcionarios políticos, toda una rareza jurídica ya que ningún régimen laboral contempla un beneficio similar, menos cuando los funcionarios fueron nombrados por decreto presidencial en forma directa, y naturalmente deben abandonar el cargo por el cambio del gobierno al cual responden. Cuando les tocó irse, Thomas y los cuatro consejeros se llevaron consigo 24 millones de pesos como “resarcimiento”. Apenas asumieron los nuevos miembros del Consejo de Administración por Argentina, el misionero Martín Goerlin Lara y sus pares Juan Marcelo Gatti, José Horacio Ordeix y Alberto Enrique Devoto pusieron al tanto de la escandalosa resolución y del “autopago” a sus pares paraguayos. De inmediato decidieron derogar la Resolución hacia adelante, pero no pudieron anular lo hecho por los funcionarios anteriores. “Cuando asumimos nos enteramos de esta situación, de que se habían establecido un resarcimiento por renuncia o final del mandato, y directamente ese régimen se dejó sin efecto. Al tomar conocimiento de esta derogación, tanto Thomas como Muguerza se dispusieron a devolver. Es decir que sin perjuicio de que derogamos hacia adelante, ellos analizaron sus procederes y solicitaron reintegrar lo cobrado. Todo se hizo a través de notas formales que enviaron a la Entidad. El depósito con imputación a la devolución se realizó entre el 10 y el 12 de marzo”, admitió el director del Departamento Jurídico de la entidad, Alejandro Tonelli. ¿Evitar el escándalo?Apenas se conoció la existencia de la Resolución que les permitió llevarse ese monto varias veces millonario, la actual gestión envió los antecedentes del autopago a la Procuración del Tesoro de la Nación.También pusieron al tanto de la situación a la oficina anticorrupción que conduce Laura Alonso, y al Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, quien monitorea a nivel nacional la “limpieza” de ñoquis en todos los organismos públicos. Thomas y Muguerza decidieron devolver los casi ocho millones de pesos antes de que todas estas entidades dictaminaran sobre la legalidad o ilegalidad de la maniobraNo descartan denuncia A partir de la devolución de la plata, la EBY “informará a los otros consejeros sobre la decisión de sus pares, poniéndoles en conocimiento de la actitud y la reconsideración de la conducta” a la espera de que hagan lo mismo, según confirmó Tonelli. “Por ahora estamos en esta etapa de estimulación de la reacción. Nada es inmediato y esperamos la devolución voluntaria, lo que no implica que acá se termine, para nada. Los pasos que vienen se darán de lo que resulte de la reacción de los involucrados y de los pasos jurídicos que decidamos dar. Todavía no hay una denuncia por cobro indebido, pero no lo descartamos”, dijo. Todavía quedan por recuperar unos 16 millones de pesos.El despilfarro interminable de dinero en la era ThomasLos doce años ininterrumpidos de gestión de Oscar Thomas al frente de la Entidad Binacional Yacyretá no pasaron desapercibidos: tras su partida, la oficina del lado argentino de la Binacional se quedó con más de cien contratos de privilegio para allegados de las más altas autoridades misioneras con montos mensuales de entre 35 y 60 mil pesos; una flota de autos de alta gama que usaban los directivos y sus “cercanos” y detalles de un pasar a todo lujo sostenido con dineros públicos. La nueva gestión ya puso a la venta un lote de treinta vehículos de la Entidad, entre los cuales se encuentran los BMW y los jeep Cherokee que tanto hacían las delicias del anterior jefe. “Sólo estamos esperando unas valuaciones que faltan” reconoció el actual jefe del Departamento Jurídico de la EBY, Alejandro Tonelli. Además de dejar sin efecto los cien contratos sin relación por montos escandalosos, el director ejecutivo Humberto Schiavoni ordenó que se rescinda el contrato de alquiler que mantenía la Entidad con el exdiputado renovador Miguel Iturrieta, propietario de una hermosa casa céntrica ubicada en diagonal al edificio de la EBY por calle Rioja, que Thomas remodeló con exquisito gusto y detalles de lujo, como el mármol de los pisos y la onda “zen” en la decoración. Paralelamente se iniciaron diez sumarios internos a personas que fueron pasadas a planta permanente pero que tampoco iban a trabajar, a la vez que se cortaron todos los convenios “innecesarios” que había firmado Thomas con facultades, consultoras y entidades civiles, por un total de cuarenta millones de dólares.
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