El 11 de marzo de 2009 se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. un hito en la historia judicial argentina que nació con la intención de proteger a las víctimas de violencia familiar y de género. Sin embargo, a seis años y medio de su sanción, su implementación ha sido a cuenta gotas y aún quedan varias materias pendientes. Con eso en mente, el pasado 25 de noviembre, mujeres convocadas en el Colectivo de acción contra las violencias se hicieron presente en el Palacio de Justicia de Posadas, luego pasaron por la Cámara de Representantes y terminaron en la Casa de Gobierno. La intención fue clara: manifestar que todavía falta, y mucho, para que dejen de morir mujeres en la Argentina por causas de género.“Exigimos la puesta en práctica de la totalidad de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, con la asignación de los fondos correspondientes. Porque desde el 3 de junio (fecha en que se realizó la masiva marcha denominada #NiUnaMenos) el único avance es que el Consejo Nacional de la Mujer, creado hace seis años para que diseñe un plan nacional de lucha contra la violencia, lo diseñó y publicó en su página hace alrededor de un mes y medio. Ese es el avance que hemos tenido. La ley es muy buena, cubre prácticamente todos los aspectos, pero se tiene que cumplir”, señaló Muriel Arensburg, del Colectivo de acción contra las violencias, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa jornada, los pedidos se multiplicaron: “A la Justicia le hicimos pedidos esenciales como patrocinio jurídico gratuito, independientemente del defensor oficial, contención interdisciplinaria a las víctimas y monitoreo efectivo de las medidas cautelares. Además de fallos con visión de género, porque nos encontramos con resoluciones aberrantes. Somos testigos de la impunidad de los hijos del poder; tenemos una Justicia que favorece a los que tienen dinero. Cuando hay una víctima en condiciones de desventaja, la Justicia debe, de acuerdo a pactos y tratados firmados por la Argentina, compensar esa desventaja brindándole patrocinio jurídico gratuito, posibilidades de acceso a los expedientes, deben ser escuchadas por el fiscal, por el defensor oficial o por el juez, pero nada de eso ocurre”, afirmó Arensburg. “Más que una perspectiva de género, pedimos una perspectiva de derechos humanos”, agregó.Declaración de emergencia En la Cámara de Representantes el pedido fue la declaración de emergencia. “Exigimos que se tomen medidas de emergencia en situaciones de violencia. Con esto nos referimos a refugios para las mujeres víctimas de violencia doméstica como para las víctimas de trata. Subsidios para aquellas que no tienen un ingreso hasta que logren la inserción laboral, contención psicológica, médica, jurídica. Las medidas cautelares adecuadas, botones de pánico con acceso en toda la provincia y de ser necesario el uso de pulseras electrónicas en los violentos para garantizar que no se acerquen a las víctimas”, relató Arensburg.En la Casa de Gobierno, el pedido fue claro y contundente: “Exigimos políticas públicas que permitan terminar de una buena vez con este flagelo que continúa cobrándose víctimas en Misiones y en el resto del país”, cerró.
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