Se apilan los reclamos por los tarifazos

Defensores del Pueblo de Posadas, Oberá y San Vicente entregarán un petitorio a diferentes entidades. Remarcan que los jubilados y el sector asalariado es el más golpeado por los continuos aumentos

12/02/2019 15:42


Los incesantes incrementos en los servicios públicos que se fueron dando durante los últimos meses y que se estima seguirán en crecimiento en los subsiguientes, puso en alerta a las Defensorías del Pueblo de Posadas, Oberá y San Vicente, ya que de manera constante reciben quejas de los vecinos por las abultadas boletas que se vuelven casi imposible de abonar.

Solo en la ciudad capital, el viernes pasado, se iniciaron 60 expedientes por reclamos de este tipo. Por ello, las tres Defensorías de forma mancomunada redactaron un petitorio en el que pedirán que el tema tarifazo sea abordado en la agenda 2019. El documento firmado por los tres funcionarios será entregado al Gobierno de la Provincia, la Cámara de Representantes, los Ejecutivos municipales y Concejos Deliberantes.

Según los datos aportados por los defensores desde 2015 hasta 2018, los salarios tuvieron un crecimiento del 120 por ciento en contraste con las tarifas que sufrieron un alza de 5.000 por ciento.

Sobre el tema, el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo señaló que “vamos a pedirle tanto a los municipios y al Gobierno de la Provincia un mayor esfuerzo, ya que las altas tarifas generan que sea dificultoso el abono, dado que estamos hablando de un sueldo promedio de 12.000 pesos”.

Asimismo, expresó que “una boleta de energía que supere los 2.000 o 2.500 pesos está muy por encima de aquel concepto que llevó adelante (Juan José) Aranguren en el que se refería a la pobreza energética, porque a ese valor todavía hay que sumarle la tarifa de agua y el transporte de pasajero”. Y agregó que “hay que tener en cuenta todo lo que implica el escenario que estamos teniendo hoy”. En 2017 el Gobierno nacional había incorporado el concepto de la pobreza energética con la intención de medir el impacto del alza de las tarifas. Por lo cual, se consideraba que una familia que deba destinar más del 10 por ciento de sus ingresos al pago de tarifas está dentro de dicha categoría.

Por otro lado, Penayo sostuvo que “si bien el gobierno provincial hizo esfuerzos, le vamos a pedir aún más como así también que intervenga a los efectos de defender plenamente los intereses de los misioneros contra las decisiones del gobierno nacional, queremos que haya avances con respecto a los retiros de los subsidios”.

En consecuencia, detalló que el viernes pasado se contabilizaron 60 reclamos en la ciudad capital, lo que consideró un número alto. “Hay una realidad y que es el salario de los trabajadores no está alcanzando, es por eso que le pedimos un esfuerzo al gobierno provincial y que de alguna manera le ponga coto al gobierno nacional”, manifestó y agregó que “la realidad es que tenemos que defender el salario del trabajador”.

En tanto, su par de Oberá, Patricia Nittmann apuntó que se debe tener cuenta que muchos de los usuarios de los servicios públicos no cuentan con salarios blanqueados, por lo cual pertenecen a la categoría informal.

Deslizó que “nosotros estamos acompañando este pedido y como Defensores del Pueblo siempre rechazamos todos estos incrementos que lo único que hacen es avasallar a los sectores más vulnerables”.

En tanto, recordó que mañana se llevará adelante la audiencia pública en la ciudad y que “casi seguro que en los próximos días la tarifa del boleto urbano de pasajeros que tendrá un aumento”.

Y adicionó que “a eso hay que sumar que en la ciudad hay una sola empresa que presta el servicio, es decir que hay un monopolio”.

Por su parte, el defensor del Pueblo de San Vicente, Ceferino Benítez dijo en conversación con PRIMERA EDICIÓN que “la problemática también se repite en nuestra localidad”.

En el caso de dicha localidad, la zona más afectada por los incrementos es la rural. “Tenemos estar de lado del pueblo”, dijo.

Explicó que en la Defensoría también se reciben los reclamos de los vecinos y se elaboran los correspondientes expedientes en relación a las tarifas. “Quienes más se acercan a hacer los reclamos son los jubilados, empleados públicos y los vecinos de la colonia”, puntualizó.

A la vez, deslizó que el 40 por ciento de la población local es rural. “Se encuentran afectados porque no tienen como enfrentar estos incrementos, es una realidad diferente a lo que sucede con otros municipios”. Añadió que “en cada aumento se ve afectado el usuario, a algunos jubilados la boleta le sumó 1.800 pesos”.